Hablamos Español

Organizaciones cívicas de Baleares, Comunidad Valenciana, Navarra, Aragón, Pais Vasco o Galicia, lanzan una campaña en pro de una iniciativa legislativa que tenga por fin la garantización del derecho constitucional a estudiar en español.

La Fundación Círculo Balear (FNCB) se ha aliado con las principales entidades defensoras de la libertad lingüística de otras comunidades autónomas para exigir al Gobierno del popular Mariano Rajoy que apruebe una ley de libertad de elección lingüística de ámbito nacional que permita a todos los alumnos de las comunidades autónomas con una lengua propia estudiar en español y no se discrimine a ningún ciudadano castellanohablante.

«En Cataluña ya no se puede estudiar ninguna asignatura en español. En el País Vasco se entorpece la elección de la línea en nuestra lengua; en Baleares, Galicia o Comunidad Valenciana se aprueban normas que la eliminan de asignaturas clave, disfrazando esta imposición bajo nombres como trilingüismo o plurilingüismo y, en Navarra se sustituye de forma progresiva la educación en español por la enseñanza en euskera», denuncian estas entidades, que han constituido una nueva asociación llamada Hablamos Español, a través de la cual recogerán firmas para presentar una Iniciativa Legislativa Popular en el Congreso de los Diputados en forma de proposición no de ley.

La ley que han elaborado se basa en el principio de elección lingüística, y aseguran que es homologable a las que se aplican en los países europeos en los que existen dos o más lenguas oficiales en un territorio. «Es la única manera de que se respete la igualdad de derechos. No queremos quitarle derechos a nadie, pero tampoco queremos que se pisoteen los nuestros», reivindican.

Uno de los principales objetivos de esta ley es que en los centros educativos de Baleares, Galicia, País Vasco, Navarra, Galicia, Cataluña y Comunidad Valenciana haya líneas para poder estudiar todas las asignaturas en español y que la lengua cooficial se estudie como asignatura, pero no es la única reivindicación. El texto legal defiende, además, el bilingüismo en los espacios públicos, los documentos oficiales, los topónimos y la atención al ciudadano, y que no se excluya ni penalice el uso del español a la hora de solicitar una ayuda pública.

«Queremos que el derecho a usar y ser educado en español quede al margen del mercadeo político, que se conciencien de ello todos los partidos, los de derecha y también los de izquierda, que se han echado en brazos del nacionalismo olvidando que los niños de familias de las clases más desfavorecidas económicamente, a quienes ellos dicen defender, son los más perjudicados por estas políticas», argumenta el presidente del Círculo Balear y portavoz de Hablamos Español Jorge Campos. Afirma que «no será fácil» pero desde hoy ya están organizando equipos de trabajo y recaudando fondos para poner en marcha una campaña de recogida de firmas. Una vez presentada la Iniciativa Legislativa Popular, tendrán nueve meses para recabar medio millón de apoyos, acreditados ante notario.

Según Campos, el problema de la exclusión del español en las comunidades con cooficialidad lingüística afecta a todos, a los que viven en ellas y a las personas que se trasladan a vivir allí desde otros lugares de España, por motivos personales o de trabajo, algunos de ellos obligados a un traslado forzoso por su profesión. «Todas estas personas no pueden escolarizar a sus hijos en español en pro de una normalización lingüística que se sostiene gracias a la desinformación, a las campañas de los partidos que se benefician de crear diferencias, y a la presión del lobby que ha convertido la conservación de lenguas minoritarias en un gran negocio», lamenta.

España es un país donde la mera utilización de la única lengua común de todos los españoles puede acarrear a quien lo haga graves problemas y perjuicios, fruto de la proscripción intolerable de que es objeto en las comunidades que disponen de otra lengua propia. De ello son testigos las principales asociaciones cívicas en defensa de la libertad de la elección de lengua, que acaban de poner en marcha una campaña destinada a llevar al Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa que tenga por fin la garantización del derecho constitucional a estudiar en español.

Las peticiones de ‘Hablamos Español’

Estas son las peticiones que formula la plataforma que pretende llevar al Congreso de los Diputados la defensa del español:

-”Queremos que haya líneas para poder estudiar todas las asignaturas en español en toda España, también en las comunidades autónomas con otra lengua, aprendiendo la lengua cooficial como asignatura”, explican.

-”Queremos ver nuestro idioma en hospitales, en documentos oficiales, en campañas sanitarias, formularios, impresos, en las indicaciones de edificios públicos, en los boletines de notas, en las señales de tráfico, y en la información turística”.

-”Queremos que la atención al ciudadano en las comunidades con dos lenguas sea bilingüe. Esto no implicará que todos los empleados públicos deban conocer la lengua cooficial con el castellano en el territorio, sino que bastará con que la administración en su conjunto organice sus recursos humanos para satisfacer tales derechos, como se hace en otros países”.

-”Queremos que las ayudas a jóvenes creadores en las comunidades bilingües sean concedidas también a los escritores y creadores que usan el español, y que la cultura en español deje de estar excluida de la vida oficial”.

”Queremos que no se hurten palabras a nuestro idioma. Que los topónimos en español de larga tradición histórica dejen de estar prohibidos en el ámbito oficial”.

-”Queremos que no se excluya ni se penalice el uso del español a la hora de solicitar una ayuda pública. El problema de la exclusión del español en las comunidades con cooficialidad lingüística nos afecta a todos, a los que vivimos en ellas, y a las personas que se trasladan a vivir donde nosotros vivimos desde otros lugares de España, por motivos personales o de trabajo, algunos de ellos obligados a un traslado forzoso por su profesión. Todas estas personas no pueden escolarizar a sus hijos en español’’, concluye el comunicado de ‘Hablamos Español’.

El objetivo principal de esta iniciativa es que en toda España haya itinerarios que permitan estudiar todas las asignaturas en español. Resulta delirante que haya regiones donde no se pueda estudiar en español. Además de una aberración pedagógica, representa por encima de todo una flagrante vulneración de los derechos individuales y un claro atentado a la Constitución. Porque no es el castellano el perseguido, sino el ciudadano que quiere utilizarlo con normalidad en territorios dominados por el nacionalismo.

Las asociaciones cívicas promotoras de esta iniciativa legislativa necesitan obtener 500.000 firmas para llevar al Parlamento su propuesta. Tienen nueve meses por delante para lograr este objetivo. Por los españoles que sufren esta discriminación, por el futuro de los niños castellanohablantes en regiones nacionalistas y para avergonzar públicamente al Gobierno y a los partidos que toleran o promueven esta infamia, es de desear que las consigan a la mayor brevedad.