La sentencia del caso Palau, la tumba de Convergencia

Fèlix Millet sale de la Audiencia de Barcelona. (Efe)

La sentencia del caso Palau convierte en una realidad el 3% y también el 4%. La Audiencia de Barcelona ha ordenado el decomiso de 6.676.105 euros a CDC y ha condenado a su extesorero, Daniel Osàcar, a cuatro años y cinco meses de prisión por el cobro de comisiones ilícitas procedentes de Ferrovial, que a cambio recibía obra pública. Félix Millet ha recibido una pena de nueve años y ocho meses de prisión; Jordi Montull, a siete años y seis meses de prisión; y Gemma Montull, a cuatro años y seis meses.

El caso del Palau de la Música se conoció el 23 de julio de 2009, cuando la Fiscalía Anticorrupción registró la institución. La causa fue una querella presentada por un presunto delito fiscal, debido a la abundancia de billetes de 500 euros detectados en el seno de la entidad; moneda que estaba sometida a control por ser el vehículo ideal para el blanqueo de capitales. La sorpresa no se hizo esperar: en las agendas de los responsables se hallaron anotaciones, mails y faxes que podían corresponder al pago de comisiones a cambio de la concesión de obra pública. El beneficiario, Convergència Democràtica de Catalunya; el pagador, Ferrovial; el intermediario, el Palau.

La Audiencia de Barcelona ha cifrado en su fallo en 23 millones de euros el desfalco perpetrado en el Palau de la Música por Millet y los Montull. Una buena parte fue destinado a gastos personales de los prohombres de la institución, como viajes de vacaciones a destinos exóticos, obras en sus casas particulares o sufragar las bodas de las hijas de Millet. Los magistrados aseguran que, a día de hoy, todavía no se sabe a dónde fueron a parar 6.026.866 euros, salidos de las cuentas bancarias de la entidad.

El sumario reveló hechos tan singulares como el pago de la campaña para la alcaldía de l’Ametlla del Vallès al candidato de CDC, Esteve Escuer, o que Àngel Colom acudiera a Millet para que le pagara las deudas de la formación que creó y fracasó, el Partit per la Independència, cosa que el preboste del Palau hizo sin que se explique públicamente porqué. La cuestión es que nadie, ni trabajadores ni patronos, alertaron jamás sobre la forma de manejar el Palau, porque eran tiempos en que Millet era un prohombre de la ciudad. “La gente se pegaba por cenar con él”, dijo un testigo durante el juicio. Ahora es un apestado social. Y el caso Palau, al que se unieron en poco tiempo el 3%, ha pasado cuentas a los líderes convergentes del momento. El fiscal del asunto, Emilio Sánchez Ulled, aseguró en su informe final que “el Palau era la cañería del dinero al partido”.

El 2,5% era para el partido, y el 1,5% restante para Millet y Montul, que a su vez se lo repartían siguiente el porcenaje de 80% para el primero y 20% para el segundo. Millet y Montull pactaron este sistema con el antiguo tesorero de la formación política, Carles Torrent, ya fallecido, acuerdo que continuó con Osàcar. Ahora bien. Los jueces no descartan que haya participado en el entramado más personas del partido, que no han sido identificadas o cuyos posibles delitos han prescrito.

De esta manera, CDC obtuvo entre 1999 y 2009 la cantidad de 6.676.105 euros por lo menos, que es lo que ahora el tribunal ordena decomisar.

Un aspecto destacable es que la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona no ha seguido al pie de la letra el pacto al que llegaron Gemma Montull y la Fiscalía Anticorrupción, que rebajó su petición hasta los dos años, que hubiera impedido su ingreso en prisión. Ahora no. Además, el tribunal impone cuantiosas sanciones económicas a los acusados. A Félix Millet se condena también a una multa de 4.120.540; a Jordi Montull, 2.998.2834; a Gemma Montull, 2.663.995; y a Daniel Osàcar, 3.796.555 euros.

Aunque los herederos de la antigua CDC intentan amortiguar el golpe de la sentencia alegando que son hechos del pasado, a Carlos Puigdemont se le complica cada vez más su estrategia de ser elegido presidente a través de una investidura telemática. Hasta el presidente del PDeCAT, Artur Mas, presentó su renuncia el martes para que su figura sirva de cortafuegos entre el pasado y un presente marcado por la incertidumbre.

"El personaje central de esta historia, después de Jordi Pujol, es Artur Mas". "Primero en Convergència se cobraba el 3% a través del Palau, pero después se cobraba el 4% y, cuando eso ocurrió, el conseller en cap era Artur Mas". Quien ha realizado estas afirmaciones con tanta seguridad que no ve necesario aportar matices es Joan Llinares, el funcionario de alto rango, miembro del cuerpo nacional de secretarios, interventores y tesoreros de la Administración local que fue designado por el Ministerio de Cultura, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona para dirigir el Palau después del expolio perpetrado por Fèlix Millet. Llinares asegura que comprobó todos los documentos, pero que le queda una incógnita: “Aparecerá en la sentencia que salieron nueve millones de euros que no se pudo justificar adónde habían ido a parar. Solo Millet puede aclarar su destino”.