El coste del separatismo

El separatismo está llevando la ruina a una de las regiones más prósperas de España y del sur de Europa, de la que en un solo mes han huido más de 2.000 empresas. El separatismo ha tensionado al máximo la sociedad catalana y liderado una rebelión liberticida y antidemocrática que ha tenido por consecuencia la destitución del Gobierno golpista del tan cobarde como traidor Carles Puigdemont, que en un despliegue de indignidad ha dejado a sus más destacados cómplices completamente tirados mientras él se pasea por Bruselas del brazo de lo más nauseabundo de la política belga.

Salida de capitales, suspensión de inversiones, mudanza de las grandes empresas, anulación de reservas y una caída del turismo. Fuga de empresas, plantón de turistas, receso en las reservas y un dato final inquitante: un tercio de toda la deuda pública de España es ya de Cataluña. La herencia del viaje a ninguna parte de Puigdemont. Ése es el paisaje lunar que el separatismo está dejando en la economía catalana, al que hay que sumarle un último estropicio: el aumento brutal de una deuda cada vez más insoportable.

El descrédito exterior de Cataluña es brutal, su imagen ha quedado severamente dañada y tardará mucho en recuperarse. Las consecuencias para la economía y la imagen institucional de España tampoco son tampoco, como ya están empezando a poner de manifiesto las prospecciones de los principales indicadores económicos.

Paralelo al procés, aunque sin apenas aparecer en el centro del debate de las urgencias y necesidades, el endeudamiento de Cataluña se ha disparado en los últimos meses. En concreto, la comunidad catalana cerró 2016 con un incremento del 376% de su deuda pública respecto a 2007, el año en el que estalló la última gran crisis económica, y ya representa el 27% del pasivo total que acumula el conjunto de las Comunidades Autónomas, según se desprende del estudio Deuda Pública 2017 realizado por la EAE Business School.

Con este nivel de deuda, Cataluña se convierte así en la región más endeudada de España, con un pasivo total de más de 75.000 millones de euros tras experimentar un incremento de casi 60.000 millones desde los 16.000 que registraba en el año 2007.

Pero si la deuda es un indicio del deterioro, algo así como la capa de ozono de cualquier ecosistema económico, a Cataluña se le juntan los males. Desde comienzo de octubre y en menos de un mes, un millar de empresas han cambiado su sede social para trasladarla a Madrid, Valencia, Alicante o La Rioja.

Entre ellas, seis de las siete firmas catalanas con presencia en el IBEX 35: Gas Natural, Caixabank, Abertis, Sabadell, Cellnex y Colonial ya no están en Barcelona. Y a ellas se les añaden otras corporaciones poderosas y emblemáticas, como el Grupo Planeta, Gallo, Codorniú o la Bruja de Oro. La suerte se ha mudado, en un alegoría de la realidad del procés, que promete un paraíso mientras genera un auténtico infierno.

Pero, habida cuenta de las maniobras que están pergeñando, toda calamidad es poca para la canalla separatista. Los antisistema ERC y PDCat han decidido poner a sus cabecillas perseguidos por la Justicia presos al frente de sus listas para las elecciones regionales del próximo 21 de diciembre. Su intención es seguir envenenando la convivencia y convertir esos comicios en una nueva consulta pretendidamente plebiscitaria para seguir adelante con su golpe contra el Estado de Derecho y las instituciones catalanas.

Los separatistas están dispuestos a seguir adelante hasta convertir Cataluña en un erial. A los partidos españoles defensores de la legalidad democrática les toca estar a la altura de las circunstancias y hacer todo lo posible para impedir que los peores enemigos del Principado vuelvan a tener las Generalidad en sus golpistas manos. En cuanto al Gobierno, debe dejar meridianamente claro que no hay nada que negociar con los golpistas, a quienes la Justicia debe hacer pagar el tremendo daño que están causando.

El abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, pide que su defendido sea excarcelado para participar en las elecciones autonómicas catalanas del 21 de diciembre. Sostiene ante la Audiencia Nacional que es imperativo un "juicio de proporcionalidad", que Junqueras sufre un "daño reputacional", que no puede competir en igualdad de condiciones con el resto de los candidatos. Está privado de libertad, a diferencia de Carles Puigdemont, que campa por Bruselas en libertad condicional hasta el 17 de noviembre de momento, cuando tendrá que comparecer en un vista sobre su extradición que en ningún caso será definitiva.

Desde la cárcel de Estremera, Junqueras se ha mostrado contrario a la candidatura única. Desde Bruselas, Puigdemont ha aceptado ser el candidato convergente, ya sea para liderar una lista independiente del PDeCAT abocada al fracaso electoral o, mejor, para encabezar una candidatura "soberanista" conjunta con ERC y las plataformas "cívicas".

Este martes se cierra el plazo para la inscripción de formaciones en los comicios "ilegítimos" del 21-D. El PDeCAT y Puigdemont ofertan una lista única, una candidatura de "país", un frente "soberanista" por la libertad de los presos "políticos" y la república. En ERC contraofertan con una coalición con la CUP y los restos de la versión catalana de Podemos. El "frente popular" en el podían confluir republicanos y convergentes ha sido cegado por la negativa de los "comunes" de Ada Colau. Si el PDeCAT aspira a camuflar su deterioro electoral en una lista conjunta, la exigencia de ERC es que se disuelva.

Las encuestas reinciden en augurar el triunfo de las siglas de Junqueras y relegar al PDeCAT al penúltimo lugar, por delante de la CUP, eso sí. El Govern de Puigdemont y Junqueras lo tiene todo controlado y sigue un plan preestablecido, pero sus partidos son incapaces de pactar una lista conjunta que solidifique las expectativas triunfales del separatismo en las próximas elecciones.

Entre barrotes, el exvicepresidente catalán exige su excarcelación. En Bruselas, Puigdemont afirma mantener viva la llama de un gobierno en el exilio. El reparto de papeles de la república de la Generalidad en el limbo choca con la realidad. Los independentistas de "buena fe" claman por una candidatura unitaria, pero los demiurgos del preso y el fugado no se ponen de acuerdo y todo conspira en favor de la dispersión electoral del separatismo. Los liberales de Convergencia no pueden tragar con la CUP y los anticapitalistas escindidos de "Podem" y en ERC no quieren arrastrar el lastre de la corrupción del PDeCAT.

Artículo en The Guardian

El relato de Puigdemont desde Bruselas incide en la injusticia española; el de Junqueras desde Estremera descalifica al candidato de Artur Mas. El "frente popular" ha sido desactivado por Ada Colau y Junqueras no está dispuesto a aceptar, salvo la típica sorpresa catalana, una candidatura coprotagonizada con Puigdemont. Ambos están en campaña. Junqueras arremete contra el PSC en la prensa digital separatista, el expresidente de la Generalidad contraataca con un artículo en The Guardian sobre el alcance las próximas elecciones. "Esto no va de la independencia de Cataluña, sino de democracia", alega.

Mientras debaten el abogado de Junqueras y los consejeros de Esquerra y los letrados de Puigdemont y los pares convergentes, encabezados los equipos de juristas por Paul Bekaert y Jaume Alonso-Cuevillas, las plataformas separatistas se dedican a las protestas. Colocan obstáculos en las vías férreas y cortan carreteras mientras preparan la huelga del miércoles y la manifestación del sábado.