miércoles, 20 de septiembre de 2017

Desarticulado el comando Junqueras

Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, y el director de la ATC, Eduard Vilà, durante la rueda de prensa sobre el nuevo despliegue de la Agencia Tributaria de Cataluña. EFE/Marta Pérez

El núcleo duro del vicepresidente autonómico, Oriol Junqueras, ha sido "desarticulado" en el curso de la investigación que abrió el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona a raíz del llamado "caso Vidal". El que fuera senador de ERC y exmagistrado Santi Vidal declaró en un acto de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) que la Generalidad había obtenido ilegalmente los datos fiscales de todos los catalanes. Tras esa confesión, ERC le obligó a dimitir. Poco después el asunto entraba en vía judicial y derivaba en una investigación sobre la organización del referéndum por la que el pasado mes de julio prestaron declaración en la comandancia de la Guardia Civil de Barcelona varios altos cargos de la Generalidad. La Guardia Civil también ha registrado los domicilios particulares de Santi Vidal y del jurista Carles Viver i Pi-Sunyer, director del Instituto de Estudios del Autogobierno.

La Guardia Civil ha detenido a 14 personas entre cargos de la Generalitat y empresas privadas y ha realizado más de 40 registros -entre ellos en tres consejerías de la Generalitat y otras tres instituciones públicas- en la que supone la mayor ofensiva judicial contra el referéndum del 1-O suspendido por el Tribunal Constitucional (TC). Según han confirmado fuentes policiales y del Govern, entre los detenidos por orden del juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona se encuentra el 'número 2' de Oriol Junqueras en la consejería de Economia de la Generalitat, Josep Maria Jové, secretario general de Economia, y a Lluís Salvadó, secretario de Hacienda. Los arrestados se enfrentan a acusaciones de prevaricación, malversación de caudales públicos, desobediencia al TC y revelación de secretos.

Además de Jové, han sido detenidos cargos del Departamento de Exteriores, de Asuntos Sociales, del Centro de Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat y de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC). Las identidades de los arrestados entre cargos del Govern confirmadas hasta el momento son Juan Manuel Gómez, de Economia; Xavier Puig Farré, de Asuntos Sociales; Josué Sallent y David Franco, del CTTI; y David Palancad, de Asuntos Exteriores. En Madrid se ha detenido también a Rosa María Rodríguez Curto, según han confirmado fuentes policiales. La Guardia Civil también ha arrestado a responsables de empresas privadas -Pau Furriol y Mercedes Martínez- en las que se ha localizado material electoral y propagandístico del referéndum.

La declaración de insumisión al Estado Español del propio Oriol Junqueras cuando se ha negado a facilitar al Ministerio de Hacienda los datos de los gastos y el cumplimiento de los presupuestos desviados para montar la secesión, mientras seguían incumpliendo con sus obligaciones esenciales y  acumulando deudas al FLA. Montoro no ha hecho mas que cumplir con su obligación.


El separatismo ha llenado las calles de Barcelona . Ha comenzado de veras el "Mambo", clama la CUP en las redes sociales mientras llama a manifestarse ante los edificios de la Generalidad donde la Guardia Civil practica este miércoles detenciones y registros. Los doce altos cargos detenidos por orden judicial tienen funciones claves en la organización del referéndum. La operación policial hace imposible la celebración del 1-O tras la incautación el martes de las cartas destinadas a los presidentes y vocales de mesas del referéndum en la sede de la empresa Unipost en Tarrasa y el descubrimiento de 9 millones de papeletas en una nave de Bigas y Riells.


Lo que está haciendo el Gobierno Rajoy juntos a los principales partidos de la oposición en Cataluña es, simplemente, ejercer la autoridad legítima del Estado. Nuestro gobierno debería haberlo hecho semanas atrás, meses atrás, años atrás. Es precisamente esa cobarde demora lo que confiere una atmósfera tan traumática a las decisiones presentes. Pero si se hubiera esperado aún más, todavía peores habrían sido las consecuencias. Hoy con estas actuaciones policiales y el cierre del grifo del dinero, puede decirse que la secesión ha sido abortada.

Hasta hoy, la inmensa mayoría de los españoles mirábamos perplejos cómo una minoría separatista podía impunemente burlar la ley e incluso jactarse de ello. Si la ley es objetivamente justa, racional y además legítima, entonces el recurso a la autoridad no sólo no es arbitrario, sino que es también esencialmente justo. Y al revés, la inhibición de la autoridad es fuente de males sin fin.  Hoy, aun con el regusto amargo de los años pasados, sabemos al menos que en España el Estado sigue siendo capaz de representar los intereses generales.

martes, 19 de septiembre de 2017

La guardia civil interviene las "tarjetas censales" antes de su distribución

Manifestantes bloquean la entrada a la empresa Unipost en Terrassa / TWITTER
Manifestantes bloquean la entrada a la empresa Unipost en Terrassa

Viendo la cantidad de activistas y su persistencia ante el registro de la Guardia Civil a la empresa de mensajería Unipost  de Terrassa y comparando toda esta resistencia con otras parecidas hace pensar que la guardia civil han dado con las notificaciones que debían ser enviadas a los ciudadanos para ser presidentes, vocales y secretarios de las mesas electorales del referéndum ilegal del próximo 1 de octubre, que todavía no se han enviado a 12 días de la votación.


Ahora mismo y desde las cinco de la mañana hay una gran tensión en la entrada de la empresa Unipost de Terrassa (Barcelona) donde un centenar de manifestantes intenta impedir la entrada de la comitiva judicial, después de que el juez haya ordenado intervenir y abrir uno de los sobres incautados por la Guardia Civil.

A su vez, los agentes se han incautado de las tarjetas censales. Todo ello se encuentra en sobres cerrados que no podrán ser abiertos hasta que se emita una orden judicial. La incautación de al menos de una parte (más de 45.000 según la información de Efe) de las notificaciones para formar las mesas del referéndum del 1-O supone un golpe en los preparativos del referéndum que abunda en la falta de garantías del proceso montado por los partidos separatistas. De momento, la Generalidad ya habría incumplido su compromiso de hacer llegar las citaciones entre el 15 y el 18 de septiembre. No consta que ningún ciudadano de Cataluña de los teóricos 55.000 afectados haya sido citado a comparecer en calidad de presidente o vocal en las mesas del 1-O.

El titular del Juzgado Instrucción 3 de Terrassa, en funciones de guardia, ha resuelto esta tarde la petición de la Fiscalía en relación con la intervención en la oficina de Unipost en Terrassa: "Del oficio policial acompañado en el escrito de Fiscalía se desprenden claros indicios de su posible comisión del mencionado delito, dada la objetiva localización de abundante e ingente cantidad de sobres con el logotipo de la Generalitat que pudieran contener as tarjetas censales necesarias para celebrar el referéndum del 1 de octubre, observándose una clara y directa conexión entre el sujeto que se va a ver afectado por la injerencia (la persona jurídica Unipost S.A., vinculada a la Generalitat al amparo de un marco contractual idéntico o similar al que se dio en la Consulta popular de 9 de noviembre de 2014) y el delito cuyo esclarecimiento se pretende (la malversación de caudales públicos del art. 432 CP) Dicha relación se expresa a través de la existencia de los indicios racionales de participación del sujeto en el hecho investigado".

El correo del régimen


Unipost es un servicio privado de mensajería que podría ser la alternativa a Correos después de que la dirección remitiera la semana pasada una circular interna a directores de oficinas y sucursales recordándoles que debían abstenserse de hacer cualquier envío relacionado con el referéndum, suspendido por el Tribunal Constitucional.

Unipost, cuyo dueño (de la familia Raventós) es uno de los accionistas de Codorníu, es la misma que envió las notificaciones para la mesa electoral y la propaganda para la consulta del 9 de noviembre de 2014. Unipost, presidida por Antón Reventós Reventós y dirigida por Pablo Reventós Sáenz, presentó el pasado mes de julio un concurso de acreedores tras varios meses de impagos a trabajadores, proveedores y entidades bancarias. La empresa lleva años en números en rojos ya que acumula una deuda de más de 50 millones de euros y pérdidas por valor de 23 millones.

Esta no es la primera vez que la empresa de mensajería de los Raventós está en el punto de vista de la las autoridades. En noviembre de 2014, la Fiscalía Superior de Justicia de Cataluña solicitó a Unipost que explicara quién, cómo y cuándo le fue encargado el envío de notificaciones de la mesa electoral y el buzoneo para la consulta del 9-N. la Fiscalía le reclamó además la hoja del encargo, el contrato y la factura así como quién les facilitó el censo electoral.

Manifestantes bloquean la entrada a la empresa Unipost en Terrassa / TWITTER
Manifestantes bloquean la entrada a la empresa Unipost en Terrassa 

Fiscalia implica a Puigdemont en el caso Acuarium



Operación de la Guardia Civil contra la corrupción en Gerona: el 3% rodea a Puigdemont


El juez del juzgado de instrucción número 2 de Gerona y la fiscalía anticorrupción ordenan quince registros en empresas públicas y privadas.

El expediente del 3% de Convergencia abierto en un juzgado de El Vendrell (Tarragona) ha llegado a Gerona tras un informe de la Agencia Tributaria en el que se destacan toda clase de ilegalidades en la gestión de la empresa Aggisa, la compañía pública que se ocupa del suministro de agua de Gerona, Sarriá de Ter y Salt, y en la que también participa la privada "Girona SA", entre otras. En un registro en la consultora Efial, en el marco del operativo original, se halló un informe elaborado sobre Aggisa encargado por el que fuera alcalde de Gerona hasta enero de 2016, Carles Puigdemont.

Como el Juzgado de instrucción número 2 de Gerona tenía una investigación abierta sobre las irregularidades en la compañía de aguas, tras una denuncia de la CUP, la documentación se aportó a dicho juzgado, cuyo titular, Manuel Marcelo, y la fiscalía anticorrupción han ordenado la práctica de 15 registros en empresas y domicilios de varias poblaciones de la provincia como Fornells de la Selva, Bescanó, Navata y la capital.

La instrucción arrancó tras una querella de la CUP contra cuatro directivos de la concesionaria que gestiona el abastecimiento de agua en Girona, Agissa SA, por perjudicar presuntamente al 20% de la sociedad en manos municipales para beneficiar a la parte privada, Girona SA, propietaria del 80% restante de las acciones. El juez imputó por administración desleal y apropiación indebida al consejero delegado de Agissa hasta junio de 2016, Narcís Piferrer, y a su sucesor en el cargo, Xavier Ballell, que era director técnico del ente cuando se produjeron los supuestos desvíos. Se les acusa de haber autorizado contrataciones irregulares de Agissa con empresas filiales de Girona SA a precios muy superiores de los reales o por servicios que ni siquiera llegaban a prestarse.

La CUP pidió un aluvión de diligencias para profundizar en el perjuicio ocasionado a los ciudadanos pero no había conseguido ir más allá del papel jugado por estos consejeros. El escenario cambió en junio cuando trascendió que la Agencia Tributaria había elaborado, a petición del juez de El Vendrell, un exhaustivo informe sobre Agissa que detectó repartos injustificados de dividendos por valor de 10 millones de euros, salarios de directivos que nunca debieron abonarse que suman otros 5 millones de euros y créditos concedidos por Girona SA a la empresa mixta con tipos de interés del 12% fuera de mercado, entre otras irregularidades.

Desvío de 15 millones

El grupo municipal de la CUP fue el que presentó la denuncia en los juzgados de Gerona en 2016 sobre el como mínimo irregular funcionamiento del consorcio de empresas. Hoy, en cambio, han acusado al Estado de practicar "una guerra sucia contra el proceso catalán" y en voz baja han insistido en su denuncia, pero centrándola en la etapa de los alcaldes socialistas Joaquim Nadal y Anna Pagans, antecesores de Puigdemont, cuyo mandato comenzó en 2011.

Se investiga el posible desvío de quince millones de euros y el pago a cargo de las cuentas públicas de lotes de navidad, cuentas de supermercados, de restaurantes y hasta de joyerías, todo ello aliñado con operaciones de ingeniería financiera, facturas falsas y pagos por servicios no prestados. En suma, un retrato municipal gerundense del denominado macrocaso del 3%, la trama establecida por Convergencia en todas las administraciones bajo su control para el enriquecimiento de empresarios afectos al partido y la financiación irregular del mismo y sus dirigentes.


La Guardia Civil registra en estos momentos las empresas Agissa, Girona SA y Prodaisa en una operación que podría comprometer a Carles Puigdemont, el president de la Generalitat, por la gestión que se hizo desde el Ayuntamiento de Girona de las aguas y del alcantarillado durante parte del tiempo en el que él fue alcalde de la ciudad. En concreto por haber permitido, presuntamente, la continuación de irregularidades que se venían produciendo desde hace lustros.


El juez del número 2 de esta localidad catalana, Manuel Marcelo, que está al frente de las investigaciones, ha firmado también un requerimiento dirigido al Consistorio gerundense y ha citado a declarar a varios concejales relacionados con las empresas investigadas o con las concesiones que éstas han recibido. Los registros, un total de 15, se están llevando a cabo en Girona, Fornells de la Selva, Bescanó y Navata (Girona), en el marco de la operación denominada como 'Aquarium'.

Las órdenes del juez tienen como objeto confirmar si fueron desviados más de 15 millones de euros a la empresa mixta Agissa, adjudicataria del abastecimiento y distribución del agua potable en los municipios de Girona, Salt y Sarriá del Ter. Según las investigaciones, habría «serios indicios» de que dichos fondos habrían sido detraídos de manera presuntamente irregular.

Agentes de la Guardia Civil acuden a registrar la sede de Agissa


Caso del 3%

En concreto, el instructor ha citado al empresario y exconsejero Joan de Llobet, que era dueño del 0,75% de la empresa mixta del agua de Girona, Salt y Sarriá de Ter (Agissa); al exconcejal del PSC y ex teniente alcalde de Girona Tomàs Sobrequés; al exconsejero de la sociedad Manuel Serra Pardas; al abogado Luis Sibils; y al empresario Ángel Dutras.

Estas imputaciones se acordaron después de que la Fiscalía Anticorrupción aportara al procedimiento, que se había abierto en julio de 2016 en Girona, un informe de la Agencia Tributaria catalana. Este documento se había elaborado en el caso del 3% sobre la presunta financiación ilegal de Convergència Democrática de Catalunya (CDC), que se investiga en el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona).

A partir de los indicios apuntados por la Agencia Tributaria, los investigadores sospechan que AGISSA, que suministra el agua a los municipios de Girona, Salt y Sarrià de Ter (Girona), desvió fondos para beneficiar a GIRONA S.A., entidad privada que forma parte de la sociedad mixta, en detrimento de la parte social de la compañía y, en consecuencia, de las arcas públicas.

Los vínculos de Puigdemont

Los agentes han solicitado documentación en el Ayuntamiento de Gerona, lo que ha provocado una airada protesta pública de la alcaldesa convergente Marta Madrenas, que ha vinculado el operativo con el referéndum. "En lugar de operación Aquarium se debería llamar operación Urnas", declaró.

No es la primera vez que el 3% salpica al actual presidente de la Generalidad. En febrero de este año fue arrestado por segunda vez Josep Maria Bassols, exalcalde convergente de Anglés y director de campaña de Puigdemont en las elecciones municipales.

El nombre de Carles Puigdemont aparece en varios documentos de la matriz original del tres por ciento. Hay incluso una fotografía del "president" con Bassols en un partido del Camp Nou. Entonces, Puigdemont era alcalde y Bassols remitía la imagen a uno de sus contactos. El propósito era implantar en Gerona el mismo procedimiento de contratación de los convergentes cuando gobernaron el ayuntamiento de Barcelona. 

La Fiscalía Anticorrupción busca información sobre las posibles mordidas vinculadas a la empresa municipal del agua en la que se han detectado salarios sin justificar por 5 millones, un reparto irregular de 10 millones de euros y créditos irregulares.

El caso tiene otra derivada que también va más allá de la querella inicial de la CUP. Los investigadores sospechan que los sobrecostes generados por todas esas presuntas irregularidades pudieron servir para financiar campañas electorales de la antigua CiU y Junts Pel Sí. Se han descubierto pagos desde Girona SA a una agencia de comunicación que trabajaba para el partido, AMR Publicitat SL, por valor de 138.090 euros entre 2010 y 2015. El administrador de esa agencia de publicidad es Antoni María Rigau, hermano de la exconsejera de la Generalitat y expresidenta del Consejo Nacional de CDC Irene Rigau.

lunes, 18 de septiembre de 2017

La desconexión (bancaria) de los independentistas

Resultado de imaxes para independentistas catalanes

Hacienda limita el uso de las tarjetas de crédito de los altos cargos del Govern

Hacienda prohíbe el uso de las tarjetas de crédito sin control previo para evitar que financien el referédum. El Gobierno explica a la banca cómo deben actuar frente a los pagos ordenados por la Generalitat

El sistema de control de pagos de la Generalitat que ha diseñado el Ministerio de Hacienda para evitar cualquier vía de financiación del referéndum del 1-O también se extiende a las tarjetas de crédito de los altos cargos del Govern. Los pagos a cuenta de estas tarjetas de crédito sólo serán atendidos por las entidades financieras en la medida en que vayan acompañados de un certificado de la Intervención General.

Así se lo han comunicado este lunes representantes del Ministerio de Hacienda a los directivos del sector financiero con los que se han reunido este lunes en la sede del Departamento que dirige Cristóbal Montoro, según fuentes conocedoras del encuentro. La reunión había sido convocada para explicar el alcance de las medidas adoptadas el pasado jueves por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), que suponen la intervención de facto de las finanzas de la Generalitat. El Ministerio de Hacienda ha dado detalles a los bancos sobre su decisión de que "no colaboren con actividades ilegales y exijan que cualquier pago de la Generalitat esté acompañado de un certificado de la Intervención General"; además, si detectan cualquier irregularidad deberán comunicarlo al Ministerio Fiscal.

El control sobre las tarjetas de crédito de los altos cargos conecta con una de las medidas adoptadas por el Gobierno en el sentido de que "todas las operaciones de endeudamiento de la comunidad autónoma de Catalunya precisarán de autorización del Consejo de Ministros", tanto las que se formalicen a corto como a largo plazo, según la orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este sábado. Al controlar el uso de las tarjetas se impedirá que altos cargos de la Generalitat puedan financiar gastos vinculados al referéndum intentando sortear el control de la Intervención y de las propias entidades financieras, pues los extractos de los pagos se conocerían, posiblemente, en una fecha posterior a la del referéndum del 1 de octubre.

Encuentro técnico

El encuentro entre representantes de Hacienda y las entidades financieras ha sido de tipo técnico y operativo, por lo que han acudido al mismo directivos de las áreas jurídicas y de cumplimiento normativo de las entidades. La convocatoria se ha realizado a través de las patronales del sector: la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). El departamento dirigido por Cristóbal Montoro ha explicado a los bancos cómo deben aplicar la medida aprobada por el Ejecutivo.


La Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno aprobó el paquete de iniciativas el jueves y el sábado se publicaron en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con lo que ya están en vigor. Hacienda anunció el viernes que las iba a poner en conocimiento de las entidades "con el fin de que sus oficinas eviten colaborar con las actividades del referéndum ilegal, como ya hacen frente a otras posibles actuaciones delictivas como puede ser el blanqueo de dinero".

Evitar retrasos en las nóminas

Según el paquete de medidas adoptado por el Gobierno, mientras se mantenga la "situación de riesgo para el interés general de la comunidad autónoma de Catalunya" que a su juicio supone la convocatoria del referéndum ilegal y la posible declaración unilateral de independencia, Hacienda dejará de realizar nuevas transferencias a la Generalitat para pagar los servicios esenciales. En lugar de eso, Hacienda abonará directamente tanto las facturas de los proveedores como las nóminas de los empleados, a cuenta de los recursos mensuales asignados a la comunidad con cargo al sistema de financiación autonómica (unos 1.400 millones de euros al mes, aproximadamente el 80% de sus recursos totales).

Para poder atender el pago de nóminas y proveedores, la Intervención General de Catalunya deberá comunicar a Hacienda una relación de acreedores con los que la Generalitat tenga obligaciones de pago por importe equivalente a su participación en el sistema de financiación autonómica (unos 1.400 millones al mes). Dicha comunicación deberá ir acompañada del certificado de que ninguno de esos pagos financian "ninguna actividad no amparada por la ley, ni contraria a las decisiones de los tribunales". Después de eso, Hacienda podrá ordenar el pago.

De cara a las nóminas de los empleados públicos de la Generalitat correspondientes al mes de septiembre, Hacienda espera que el interventor le envíe un listado de las órdenes de pago antes del día 26, que es cuando se ordenan estas transferencias bancarias. Si no es así habrá retrasos en el cobro de las nóminas, explican fuentes del Departamento de Cristóbal Montoro. 

Certificación o declaración responsable

Estas medidas afectan a los pagos que el Govern realiza mediante las transferencias que el Estado le hace a cargo de los impuestos que recauda y que suponen el 80% de la financiación de la comunidad autónoma. Sin embargo, la Generalitat también ingresa directamente unas partidas menores por impuestos propios y por otros medios.

El Gobierno quiere evitar que tampoco se utilicen esos recursos para financiar el referéndum. Para ello, Hacienda ha trasladado a los representantes de las entidades financieras que "cualquier pago de la Generalitat deberá ir acompañado de un certificado de la Intervención General acreditando que el mismo no está relacionado con ese proceso ilegal".

En caso de que no se aplique un procedimiento de fiscalización previa, será preciso que junto con la orden de pago, se acompañe una declaración responsable firmada por los responsables autonómicos. Las citadas certificaciones y declaraciones responsables deberán ser comunicadas a Hacienda, so pena de incurrir en responsabilidades, incluida la penal, en su caso. Solo después de este proceso, Hacienda permitirá a las entidades financieras que atiendan las órdenes de pago "a los efectos de que tengan garantías de que el servicio no se dirige a la financiación de ninguna actuación ilegal ni contraria a las decisiones de los tribunales", según la orden ministerial.

El papel de los proveedores

Los empresarios proveedores de la administración catalana también podrán colaborar con los objetivos anti-referèndum de Hacienda. "Cualquier persona física o jurídica que entregue bienes o preste servicios a la administración de la comunidad autónoma de Catalunya o cualesquiera de sus entidades, vinculadas o dependientes, podrá adjuntar a la correspondiente factura que emita una declaración responsable en la que quede constancia de que dichos bienes o servicios no tienen relación con la financiación de actividades ilegales, ni contrarias a las decisiones de los tribunales", se afirma en la orden ministerial del BOE.

En la redacción de la norma no queda claro, si la participación de los proveedores será voluntaria u obligatoria. Del párrafo anterior, se desprende cierta voluntariedad ("podrá adjuntar"), sin embargo en un párrafo posterior se establece que en el caso de tener "dudas" sobre servicios o suministros ya prestados "se comunicará igualmente al MInisterio de Hacienda y en su caso al Ministerio Fiscal"

'Assenyalem-los'







Varios concejales del PP, PSC y C's en la ciudad de Lleida denuncian un cartel de Arran con el lema 'Señalémosles'

'El tripartido de Lleida --PSC, Ciutadans y PP-- no nos quieren dejar votar. Desobedezcamos!', figura en el cartel, en el que aparecen otros concejales del PP y del PSC, además del alcalde, Àngel Ros.

Los cuatro concejales de Ciudadanos (C's) de Lleida, Àngeles Ribes, Jose Luis Osorio, José María Córdoba y Daniel Rubio; la popular Dolors López, y la socialista Sara Mestres han presentado este lunes una denuncia en la comisaria de los Mossos d'Esquadra de Lleida por un cartel del colectivo Arran en el que puede leerse  ('Señalémosles').

Las denuncias han sido presentadas a título individual, han asegurado las concejalas Sara Mestres y Dolors López y fuentes de Ciudadanos en el ayuntamiento de Lleida.

'El tripartido de Lleida --PSC, Ciutadans y PP-- no nos quieren dejar votar. Desobedezcamos!', figura en el cartel, en el que aparecen otros concejales del PP y del PSC, además del alcalde, Àngel Ros.

Àngeles Ribes ha denunciado también esta situación a la Agencia de Protección de Datos según informa desde su cuenta de Twitter.



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Ángeles Ribes Duarte @AngelesRibes_68


Puesta la denuncia en @Mossos Los cachorros de los socios de Puigdemont señalan a los demócratas, a los que defendemos la legalidad.
13:50 - 18 sept. 2017
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Una alcaldesa en apuros

Alcaldessa de Vic
Anna Erra, Alcaldesa de Vic

La alcaldesa de Vic quiere prohibir a la guardia urbana incautar material del 1-O

Este domingo varios policías locales de esta localidad de Barcelona requisaron carteles y octavillas de la CUP relacionados con el referéndum cumpliendo así la orden de la Fiscalía Superior de Cataluña en una de las numerosas actuaciones realizadas por las policias locales de las poblaciones del territorio catalán encaminadas a impedir la disribución de propaganda del referendum ilegal del 1-O.

"Vic está listo para que el 1 de octubre la ciudadanía pueda votar en los locales habituales". Con esta frase su alcaldesa, Anna Erra, anunciaba hace casi dos semanas que pondría a disposición de los ciudadanos de esta localidad de Barcelona edificios de titularidad municipal para votar en el referéndum. Desde entonces, su participación activa en la campaña del 'sí' ha sido total, hasta el punto de anunciar que el Ayuntamiento está estudiando cómo evitar que la Guardia Urbana de Vic acate las instrucciones de la justiciarelacionadas con el 1-O.


A través de su cuenta de Twitter, Anna Erra (del PDeCAT), ha confirmado que "estamos trabajando para que se deje sin efectos la Instrucción 1/2017 donde se orden a la Guardia Urbana de Vic un ejercicio de funciones que no le corresponde". Esta decisión llega solo unas horas después de que dicho cuerpo policial incautara este domingo carteles a favor del reférendum y cerca de 500 octavillas informativas en varios 'stands' de la CUP tras la denuncia de un vecino de la localidad y de que esta formación les haya exigido que no obedezcan las órdenes judiciales "de los tribunales españoles".

Estem treballant perquè es deixi sense efectes la Instrucció 1/2017 on s’ordena a un exercici de funcions que no els correspon
Objetivo: desoír al fiscal superior de Cataluña

De esta manera, el objetivo de Anna Erra es prohibir a la Guardia Urbana de Vic cualquier actuación relacionada con el referéndum, sobre todo lo relacionado el material como carteles electorales, papeletas y urnas. La Instrucción 1/2017 dictaminada por la Fiscalía de Barcelona ordena a todos los Jefes de las Unidades de Policía Judicial de los Mossos d'Esquadra a que se dirijan por escrito a los jefes de policía locales de cada demarcación o territorio para que cumplan con las instrucciones del fiscal superior de Cataluña encaminadas a informar de actividades preparatorias del referéndum y a la adopción de medidas necesarias para evitarlo requisando urnas, sobre electorales, impresos electorales, propaganda y elementos informáticos. Al parecer la alcaldesa no ha recibido aun la citación del propia fiscalía para que declare por su apoyo a los actos prohibidos por la Audiencia Nacional. Cuando llegue este momento podrá expresar de palabra su queja.


Y, precisamente, eso es lo que este domingo hicieron los guardias urbanos de Vic, que recibieron incluso insultos y gritos de varios de los ciudadanos de esta localidad. De hecho, desde la CUP de Vic denuncian que los agentes "están haciendo el juego al Estado requisando material" y están estudiando presentar acciones legales contra los responsables y autores directos de la acción policial. "La Guardia Urbana ha de elegir con quién está: con el Estado español o con la democracia", ha escrito en un comunicado en el que tildan de "vergonzosa" la actuación de los agentes por ser "cómplices de las actitudes autoritarias y antidemocráticas de España".


Y han ido a más, ya que han instando a Anna Erra y a la concejala de Seguridad, Susagna Roura, a que pidan a la Guardia Urbana que hagan caso omiso a las instrucciones judiciales relacionadas con el 1-O y sena ellas quienes asuman a "la responsabilidad". El equipo de Gobierno, en este sentido, siempre tendrá a la CUP y CAPG Vic a su lado", apuntan.

domingo, 17 de septiembre de 2017

La guerra de los carteles

Imagen del almacén donde se han incautado 1,3 millones de carteles, dípticos y folletos del referéndum. / PERIODICO (ACN)

Están empezando a dar resultado los registros de la Guardia Civil a empresas de artes gráficas que estaban confeccionando carteles y material de propaganda para el 1-O gracias a la colaboración ciudadana. Puede ser que se haya ha abierto un gran boquete en la logística de los secesionistas con ya poca capacidad de respuesta ya que se va a disponer de muy poco tiempo para rehacer el material ahora requisado en cuatro empresas de artes gráficas

La Guardia Civil ha intervenido en una empresa de la localidad barcelonesa de Montcada i Reixac más de 1,3 millones de carteles, dípticos y folletos del referéndum independentista del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional, junto a carteles a favor del 'sí' y de la CUP. El Ministerio del Interior ha subrayado que la operación se ha llevado a cabo "sin que hubiese ningún incidente de orden público".

El material estaba apilado en palés, listos para su distribución, y había tanto carteles de la Generalitat promocionando el referéndum como material llamando al voto por el 'sí' y carteles con el logotipo de la CUP.
Algunos de los carteles incautados por la Guardia Civil / EFE

En concreto los agentes se han incautado de unos 700.000 folletos informativos para su reparto promoviendo el 'sí', otros 130.000 carteles de menor tamaño también en apoyo del 'sí', unos 370.000 dípticos con el logotipo de la Generalitat que forman parte de la campaña institucional del referéndum.

También había, en el mismo local y apilados hasta el techo, 138.000 carteles con el texto "sí, per fer-los fora" ("sí, para echarlos") unidos a las imágenes del Rey, el presidente del Gobierno, el expresidente catalán Jordi Pujol y el expresidente de la Fundación Palau de la Música Jordi Millet. Estos últimos carteles incluyen logotipos de la CUP.

"Así, como ya viene sucediendo en actuaciones anteriores, también en esta ocasión se ha intervenido materiales de la Generalitat promocionando el referéndum ilegal, junto a efectos llamando directamente al voto 'sí', revelando la convergencia de esfuerzos y unidad de acción entre ambas dinámicas", añade la nota de Interior, que subraya que "a esta concurrencia habitual se añade, en esta nueva intervención, carteles de la CUP a favor del 'sí'".

La Guardia Civil interviene planchas para hacer carteles pro-referéndum


La Guardia Civil requisa carteles del referéndum del 1-O en los almacenes de la imprenta Marc Marti. / JOAN PUIG

La Guardia Civil ha intervenido este sábado en una empresa de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) varias planchas para imprimir carteles institucionales de apoyo al referéndum del 1 de octubre, así como otra para hacer carteles por el 'sí' en la consulta.

Interior subraya que es significativo que se hayan incautado en la misma empresa, llamada Zukoy, tanto las planchas destinadas a la elaboración de publicidad institucional en apoyo del referéndum, como la plancha construida para confeccionar carteles pidiendo el 'sí'.

"A diferencia de las actuaciones realizadas en el día de ayer, hoy se han incautado las planchas que sirven de matriz para la elaboración de esos carteles, por lo que de esta manera se imposibilita que se siga imprimiendo", ha detallado Interior. 

100.000 carteles

Este viernes la Guardia Civil ya intervino cerca de 100.000 carteles de publicidad del referéndum en una nave industrial de la empresa Marc Martí --vinculada a un publicista que estuvo imputado en el caso del Palau de la Música-- en el barrio barcelonés del Poblenou. Esos carteles, de medida pequeña, reproducían la publicidad que la Generalitat impulsó tras convocar el referéndum de independencia del 1 de octubre, que incluye una fotografías de una bifurcación de una línea férrea con el lema "Naciste para decidir, ¿vas a renunciar?". 

También la Guàrdia Urbana

También este sábado, la Guardia Urbana de Barcelona ha requisado material de la campaña del 1-O de una parada del PDECat en el mercado de Sant Antoni de la capital catalana. Así lo han denunciado el partido demócrata a través de las redes sociales. La presidenta de la formación en Barcelona, Mercè Homs, ha calificado de "inadmisible" la actuación de la policía local, ha reclamado al ayuntamiento que les "devuelva el material confiscado indebidamente" y ha subrayado que no han recibido "ninguna comunicación concreta que restrinja o pueda restringir" su actividad política.

Según ha informado el Ministerio de Interior, se trata de la mayor incautación de la Guardia Civil hasta el momento, tras tres días de campaña del 1-O. En los últimos días, se han intervenido casi un millón y medio de materiales de promoción del referéndum, así como planchas para su impresión. Interior ha destacado que la "operación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones".

sábado, 16 de septiembre de 2017

Cataluña, a un paso de la anarquía institucional

Los sucesivos desplantes al Gobierno de Rajoy y a la justicia por parte de los separatistas catalanes capitaneados por Puigdemont, Junqueras, Forcadell, Colau junto a los violentos de Maulets, Arran, ANC o la  CUP que se dedican a intimidar a todo aquel que intenta plantear cualquier otra opinión que no coincida con el fascismo o anarquismo imperante en Cataluña.

Esta mañana han sido los 712 alcaldes citados por la fiscalía a partir de la semana próxima para que expliquen su desobediencia a las ley..Ellos han acudido a una nueva demostración de burla a la ley. que va terminar decantando al Gobierno de Rajoy a adoptar las medidas necesarias para abortar lo que ya puede considerarse un verdadero motín de unos personajes cuya nómina está en peligro, enloquecidos por ver acercarse la mano de la justicia, que exigen votar sin ninguna garantía y sin acatar ninguna ley que venga del España. 

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado que el acto de apoyo a los alcaldes investigados por la Fiscalía para ceder locales municipales para la votación ha sido una muestra de "dignidad y firmeza".


Puigdemont ha agradecido a los alcaldes que no se hayan "encogido" con las primeras citaciones de la Fiscalía y ha avisado al Estado y el Gobierno español "que no subestimen la fuerza de un pueblo que ha tomado la decisión de decidir y plantar -se ante un comportamiento antidemocrático". "Ellos tienen el BOE y Maza, pero no se tienen en vosotros", ha remachado.



"Queremos ser un país libre, donde la gente se pueda expresar con toda normalidad", ha dicho, "un país donde no se cerrarán páginas webs que tienen un contenido que no le gusta al Gobierno de turno" o que todo el mundo "se puede reunir con normalidad", ha añadido.

Alcaldes de pueblos pequeños


No obstante, la casi totalidad de esos alcaldes que se estan jugando su inhabilitación, son de pequeñas poblaciones y aunque suponen más del 80% de todos los consistorios catalanes, en realidad copan poco más del 60% de la población. Los grandes municipios como Barcelona, Hospitalet, Tarragona, Lleida, Santa Coloma de Gramenet y grandes localidades del cinturón industrial barcelonés no comulgan con el secesionismo.

"Estamos aquí para denunciar la vergüenza de un Estado que persigue e intimida a los alcaldes" Dice Colau cuando son los alcaldes los que señalan e intimidan a sus paisanos que no comulgan con sus  proyectos. Puigdemont alerta a Rajoy que "no subestime la fuerza de un pueblo" El president afirma que Catalunya ha decidido "plantarse ante un comportamiento antidemocrático". O sea el mundo al revés. 


La lenta maquinaria del Estado, mayormente en su vertiente judicial, se ha puesto en marcha esta semana con una panoplia de actuaciones que hubiera bastado para llamar al orden a cualquier enloquecido dirigente autonómico ansioso de pasar a los libros de historia como un nuevo capitán Trueno. El rey Felipe VI, el Gobierno, la Fiscalía, la UE, la CEOE, el Banco Sabadell… el sordo rumor del Estado en movimiento, con la arboladura de un mastodonte capaz de infundir temor al menos juicioso. 

Puigdemont y a esa colla de aventureros fanatizados se han apresurado elevar la apuesta, a aumentar el desafío, a añadir leña a un incendio de cuyo tamaño seguramente dependan sus posibilidades de éxito final. Nada parece amedrentarles. Prepotentes, desafiantes, provocadores, no hay día en que estos matones tan simpáticos no nos recuerden con reiteración que se ciscan en el Estado y en sus leyes, y que lo suyo es un pulso, un acto de fuerza que los tribunales no van a poder reducir, de modo que no va más collons que usar la fuerza para frenar el golpe.


Colau se quita la careta 

Entre los alcaldes 'perseguidos' existia un gran malestar  por tener que posar en una junto a Ada Colau yas que la consideran una 'traidora' a la causa independentista.


 “Colau había decidido que no se saltaría las leyes y que no dejaría colegios electorales en Barcelona para el 1 de octubre, especialmente después de las comunicaciones del Constitucional. Pero ha visto que los alcaldes que no permitan el referéndum están muertos políticamente y que los que se han declarado insumisos tienen prácticamente la reelección asegurada. Por eso cambió de bando, nadó entre dos aguas y decidió luego apoyar el referéndum” -sin ceder colegios- fruto de un "pacto secreto" con Puigdemont.


Esto ya no tiene vuelta de hoja, entre otras cosas porque en el hipotético caso de que dieran marcha atrás, cosa imposible, ahora les mataría su propia gente. La experiencia de estos años ha demostrado hasta la saciedad que demorar la toma de decisiones con el nacionalismo catalán no ha servido más que para envalentonar a los sediciosos y agravar el problema.

La carta que no llega

Colau, Puigdemont, Junqueras y Forcadell en un acto en el Parlament.

Justo cuando la Generalitat de Cataluña está lanzada hacia una campaña para un referéndum imposible y mientras se está corriendo el plazo de 48 horas dado por el Ministerio de Hacienda para la intervención de las cuentas de la Generalitat, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han remitido una carta al Rey y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que hacen “un nuevo llamamiento al diálogo al Gobierno español” para dar una salida a la cuestión catalana.

Esta carta que habría sido remitida el pasado jueves, ayer por la noche no ha tenido entrada ni en la Moncloa ni en la Zarzuela, eso si ha sido difundida por RAC1, que dice es “un llamamiento al diálogo para abordar de qué manera nos podemos poner de acuerdo para que los catalanes celebremos el referéndum. Un diálogo abierto y sin condiciones. Un diálogo político, desde la legitimidad que cada uno representa, para hacer posible lo que en democracia nunca es problema ni todavía menos un delito: escuchar la voz de la ciudadanía”.

De todas maneras aunque la carta no hubiera llegado desde fuentes del Gobierno de Rajoy ya adelantan que quien ha roto todos los puentes del dialogo ha sido la Generalitat y esta es solo una manera de despistar a sus votantes, mientras  Puigdemont y su gobierno siguen engañando a los catalanes e incumpliendo con las leyes. Hasta que no se suspenda la campaña por el referéndum ilegal. no hay ninguna base para el dialogo, 

Texto íntegro de la carta

“Los conflictos políticos se resuelven, en los sistemas democráticos, a través de propuestas políticas que son consecuencia de negociaciones y diálogo. Entre Catalunya y el Estado español existe un evidente conflicto político que viene de lejos y que hemos intentado resolver con el máximo acuerdo. Pero la respuesta siempre ha sido una negativa o, peor aún, una reacción regresiva insostenible. Cuando el Tribunal Constitucional tumbó el Estatuto, que previamente había sido votado por los parlamentos catalán y español y aprobado en referéndum por los ciudadanos de Catalunya, se rompió el pacto constitucional de 1978.

Posteriormente, se han formulado propuestas como un pacto fiscal en la línea del concierto económico de que dispone el País Vasco o una consulta no vinculante para conocer la opinión de los catalanes, pero todo ha sido en vano. El “no” ha sido la única respuesta. Este conflicto, después de haber intentado todas las vías anteriores, el Gobierno de Catalunya propone resolverlo convocando un referéndum de autodeterminación para el próximo día 1 de octubre. Este referéndum no cuenta, como es conocido por todo el mundo, con el acuerdo del Estado español, como hubiera sido deseable y como ha pedido reiteradamente una amplia representación de los parlamentarios y de la sociedad catalana.

En concreto, se constituyó un espacio llamado “Pacto Nacional por el Referéndum” que aspiraba a abrir un diálogo que finalmente tampoco fue posible. De hecho, hoy la justicia española está investigando responsables de aquel Pacto, aprobado por el Parlamento y nunca invalidado por el Tribunal Constitucional, como si se tratase de una actividad ilícita. Lejos de abrir la puerta al diálogo, el Estado español ha empezado una ofensiva de represión sin precedentes en la que contempla desde la limitación al derecho fundamental a la libertad de expresión, impidiendo actos públicos y amenazando medios de comunicación, hasta la detención del 75% de los alcaldes de Catalunya por haberse mostrado dispuestos a participar en el referéndum. Mientras tanto, ha presentado querellas penales contra todo el Gobierno de Catalunya y contra la mayoría de la mesa del Parlamento, ha clausurado la web informativa del referéndum, ha prohibido la difusión de información y publicidad y ha politizado órganos que tendrían que ser independientes, como el mismo Tribunal Constitucional y otros estamentos del Poder Judicial.

Todo esto, a pesar de que el Código Penal español confirma que convocar un referéndum, aunque sea sin acuerdo, no es nunca un delito. Por otra parte, el apoyo de la sociedad catalana a la celebración de un referéndum es incuestionable desde todos los puntos de vista. Los resultados electorales así lo confirman, como también las resoluciones parlamentarias y las movilizaciones masivas de cada 11 de septiembre, que de manera reiterada y desde 2012 mueven millones de personas. Movilizaciones siempre pacíficas y convivenciales, que han sido alabadas por la prensa internacional como ejemplo de civismo.

Es por esto que queremos hacer un nuevo llamamiento al diálogo al Gobierno español, y en particular a su presidente, Sr. Mariano Rajoy. Un llamamiento al diálogo para abordar de qué manera nos podemos poner de acuerdo para que los catalanes celebremos el referéndum. Un diálogo abierto y sin condiciones. Un diálogo político, desde la legitimidad que cada uno representa, para hacer posible lo que en democracia nunca es problema ni todavía menos un delito: escuchar la voz de la ciudadanía. Nos dirigimos, en este sentido, al Presidente Mariano Rajoy y enviamos una copia al Jefe del Estado, S.M. el Rey Felipe VI, para que entienda que no dialogar es incompatible con la resolución de los problemas. Nuestra disposición al diálogo ha sido, es y será permanente”

viernes, 15 de septiembre de 2017

La intervención de la Generalitat por el Ministerio de Hacienda




El Ministerio de Hacienda asumirá, a partir de ahora, el pago de las nóminas a los funcionarios de la Generalitat, de las subvenciones públicas que reciben familias y empresas catalanas y de las prestaciones por dependencia. Esta es una de las consecuencias que se desprende de las medidas adoptadas este viernes por el Consejo de Ministros para “garantizar que ningún euro se destina a ningún fin ilegal, como el referéndum del 1 de octubre, o contrario a la estabilidad presupuestaria”.

Así lo ha explicado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros donde ha dado cuenta de lo que él ha llamado como “un mecanismo novedoso de control de pagos” para, en la práctica, intervenir la caja de la Generalitat. Además, el Consejo de Ministros ha acordado dar un ultimátum de 48 horas al ‘president’ Puigdemont para que en ese plazo presente a Hacienda un plan de recortes de gastos del presupuesto autonómico que, sin afectar a los servicios esenciales, garantice que Catalunya cumplirá su objetivo de déficit en el 2017. “Si no adopta ese acuerdo de no disponibilidad, lo adoptará el ministro”, ha dicho Montoro en rueda de prensa, a modo de ultimátum.

Las medidas adoptadas hoy por el Consejo de Ministros, pues, buscan un fin doble. De una parte, garantizar que no se destina dinero a financiar el referéndum; de otra, que Catalunya cumplirá con la ley de estabilidad presupuestaria y su objetivo de déficit. O lo que es lo mismo: de una parte, que no se gasta "en lo que no se debe"; de otra, que no se gasta de más.


Ha exigido a la Generalitat que firme un decreto de no disponibilidad presupuestaria que ceda a Hacienda el control de los pagos de la autonomía, y garantizar así que no se destinen fondos a la celebración del referéndum. “Si en 48 horas no hay un compromiso de cumplimiento de la ley, a partir de ahora los pagos de la Generalitat los hará el Gobierno de España”, ha advertido Rajoy sobre la intervención de las finanzas del Govern. “Será para garantizar que se cumple una ley que es un compromiso europeo; para garantizar que no se invierte ni un solo euro en actividades que hayan sido declaradas ilegales por los tribunales; para garantizar que la gente cobre; y para garantizar que los servicios públicos funcionen”.

Se trata de un control directo de pagos por parte de la administración central. El Ministerio de Hacienda se encargaría de pagar directamente a los proveedores de la Generalitat y las nóminas de los empleados. Para realizar este pago se usarían fondos que en condiciones normales se transfieren periódicamente a la Generalitat.

El motivo ha sido por la negativa del Govern a informar semanalmente de los gastos, medida exigida por Hacienda para garantizar que no se use dinero público para un referéndum declarado ilegal por la Justicia. A partir de este momento surgen varias preguntas:

Preguntas mas frecuentes sobre la disposición

¿A cuánto dinero ascienden estos fondos?

Cristóbal Montoro ha asegurado que las transferencias a la Generalitat suponen 1.400 millones de euros cada mes.

¿Supone intervenir todas las cuentas de la Generalitat?

No, dado que algunos tributos, como por ejemplo el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, tienen recaudación y gestión autonómica. El Govern aún tendría fondos a su disposición.

Entonces, ¿la Generalitat podría pagar a sus funcionarios?

No a todos, dado que la recaudación autonómica es del todo insuficiente para realizar los abonos. Montoro calcula en 250 millones mensuales los recursos propios de la Hacienda catalana.

¿Y cómo cobrarían los funcionarios catalanes la nómina de septiembre?

El Estado solicitará al Govern la justificación de los pagos pendientes de realizar, y será Hacienda el que los ejecute, si la Generalitat le remite la información necesaria.

Entonces, ¿no podrán comprar urnas?

No con los 1.400 millones procedentes del Estado, pero sí con los 250 de recursos propios. El Gobierno ha advertido, no obstante, que pondría en manos de la fiscalía el uso de fondos para el referéndum. Es posible, además, que las urnas ya hayan sido adquiridas escapando al control de Hacienda.

¿En qué normativa se ampara la medida?

Según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el incumplimiento de los objetivos presupuestarios faculta a Hacienda a tomar medidas “preventivas, correctivas y coercitivas” sobre las cuentas autonómicas. Cataluña ha incumplido objetivos y ha rechazado facilitar información al Gobierno, por lo que Hacienda considera que está habilitada para la intervención. No obstante, numerosas autonomías han incumplido objetivos. Aunque es la primera vez que se toma una medida tan drástica, tampoco ninguna había rechazado anteriormente informar al Estado de sus gastos.

¿Es una intervención definitiva?

No, el Ejecutivo ha anunciado la intervención de forma indefinida, mientras se dé la “circunstancia excepcional” de la negativa a enviar información a Hacienda.

¿Qué más pasos puede dar el Estado?

La ley contempla que en el caso de que la autonomía incumpla las exigencias excepcionales aplicadas, se active el artículo 155 de la Constitución para la ejecución forzosa de dichas medidas. Se da la circunstancia de que la Ley de Estabilidad Presupuestaria fue aprobada con votos de CiU.

¿Qué puede hacer la Generalitat?

Más allá de las acciones legales que considere, tiene tres escenarios. 
  1. Acatar la obligación de remitir información semanalmente. 
  2. Aceptar el decreto de no disponibilidad de gasto y ceder a Hacienda el control de sus cuentas. 
  3. El tercer escenario sería rechazar el decreto de no disponibilidad, en cuyo caso los efectos prácticos serían los mismos: el control estatal de las cuentas. 
  4. En un cuarto escenario, más extremo, la Generalitat podría rechazar facilitar al Estado la información necesaria para hacer los pagos, lo que complicaría el abono de las nóminas. 

La Generalitat todavía controla los recursos de los tributos que recauda, que son unos 250 millones mensuales. Esto es, tendría disponibles en torno al 10% de sus ingresos habituales. Para controlar también que estos fondos no se destinen a financiar el referéndum, el Gobierno controlará todos los movimientos que realice la Generalitat a través de los bancos. Como todos los pagos se realizan por transferencia, Hacienda exigirá a los bancos que para realizar cualquier movimiento del Govern esté acompañando de un informe de la Intervención General y, en caso de que perciban cualquier movimiento sospechoso, deberán informar a la Fiscalía. De este modo, Montoro cierra el círculo del control de las cuentas catalanas "sin afectar a sus competencias". Estas decisiones "garantizan que no se usa ni un euro público para cuestiones ilegales", ha sentenciado Montoro.

El pago a proveedores sería más sencillo de realizar dado que Hacienda tiene en sus manos las facturas hasta ahora enviadas por éstos, dentro del Fondo de Liquidez Autonómicas.

Asi cuando Carles Puigdemont, reciba su próxima nómina como presidente de la Generalitat, el pagador no será la Administración autonómica, sino el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro. Ese será uno de los efectos del paquete de medidas y controles a Cataluña que el Gobierno aprobó ayer en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. En cuanto se publique la orden en el BOE, el Ministerio de Hacienda será el que se haga cargo del pago de nóminas de funcionarios de la Generalitat, servicios sociales como Sanidad, Dependencia o Educación, subvenciones, inversiones no ejecutadas o deudas de proveedores.