Los planes de Hacienda para cortar la "respiración asistida" a Cataluña
EL ESPAÑOL
ha publicado la que va aser la hoja de ruta del Gobierno para obligar al Gobierno
de la Generalitat dedique el dinero que es transferido regularmente por el FLA
para cumplir con sus obligaciones con el pago de los servicios básicos a los
ciudadanos catalanes.
El
Ministerio de Hacienda lleva una semana estudiando los mecanismos legales a su
alcance para el caso de que se tome la decisión de cortar la respiración
asistida a la que está enganchada Cataluña desde que se acogió en 2012 por
primera vez a los fondos de liquidez del Estado, instrumentos a través de
los que España ha prestado ya 37.000 millones a la autonomía catalana. El
problema es que el Gobierno quiere encontrar la vía de hacerlo rápido y además
sin afectar con ello a servicios básicos prestados por las autonomías como es
la Sanidad.
Fuentes del
Ejecutivo comentaron a EL ESPAÑOL que una de las opciones que se plantean es
discriminar los pagos que atiende el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), de
forma que se cubran esos servicios básicos pero no los vencimientos de
préstamos bancarios de la Generalitat de los próximos meses. Esos
vencimientos hace tiempo que están siendo afrontados por el Fondo del
Estado.
Sería la
estrategia menos invasiva de momento, aunque pondría a Cataluña en la
tesitura de caer en suspensión de pagos o drenar recursos de otras partidas de
su presupuesto para pagar, y además sería la estrategia más rápida.
Cualquier
otra fórmula de intervención, que fuentes del Ministerio han dejado claro que no
se descarta, exigiría una serie de plazos que retrasarían el efecto que
pretende el Gobierno español de cortar de raíz el pulso independentista
por la vía financiera.
El camino de la intervención
La propia
normaque alumbró el FLA recoge "la posibilidad de que el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas (...) encomiende a la Intervención General
del Estado el ejercicio de misiones de control en el supuesto de que se
detecten riesgos de incumplimiento o incumplimiento de las medidas del plan de
ajuste" al que están sometidas todas las administraciones públicas
acogidas a los fondos de liquidez del Estado.
El informe
que derive de esa misión de control permite "que el Ministerio de Hacienda
pueda adoptar otras medidas de conformidad con los artículos 25 y 26 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de
Sostenibilidad Financiera".
Lo que
recogen esos dos artículos es la capacidad de tomar medidas coercitivas ante
una autonomía o hacienda local. Las medidas coercitivas precisan de 15 días,
según la norma, desde que se produce un incumplimiento para decidir la no
disponibilidad de créditos del Fondo del Estado. Posteriormente se constituye
un depósito a modo de garantía y ésta no se ejecuta hasta que pasan otros tres
meses sin que la autonomía haya cumplido con sus compromisos.
Si la
autonomía no cumple con la no disposición de créditos el Gobierno
puede "con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, adoptar las
medidas necesarias para obligar a la Comunidad Autónoma a su ejecución forzosa.
Para la ejecución de las medidas el Gobierno podrá dar instrucciones a todas
las autoridades de la Comunidad Autónoma".
Si se
llegase a alguno de estos puntos, y para garantizar el pago de los servicios
básicos, desde Hacienda no se descarta crear una plataforma para el pago
directo de la facturas a los proveedores de servicios básicos. De momento, sin
embargo, ni siquiera se ha pedido a la Intervención del Estado que establezca
la comisión de control, aseguran fuentes de Hacienda.
Comentarios
Publicar un comentario