Las banderas del "Capitán Araña"


La Junta Electoral Central ante la denuncia sobre la exhibición de banderas esteladas en ayuntamientos y sitios oficiales presentada por Societat Civil Catalana, estimó la demanda y exigió a los ayuntamientos que se retiraran de las instalaciones oficiales para garantizar la neutralidad institucional en el proceso de elecciones municipales.

El conseller de Interior, Ramon Espadaler, ha pedido este miércoles que los ayuntamientos que mantienen «esteladas» en sus edificios oficiales y que han sido requeridos por la Junta Electoral Central las descuelguen, evitando así que sean los Mossos d'Esquadra quienes tengan que ir a retirarlas.

Por su parte, ERC ha iniciado una ofensiva en los consistorios para que las banderas no sean retiradas. La consigna es aguantar la "cubana" como expresión de que el desafío separatista continúa. No todos lo han hecho. Al final, aún veremos a los Mossos haciendo cumplir la ley.

En Sant Vicenç dels Horts, cuyo alcalde es Oriol Junqueras, ERC no ha presentado ninguna moción. Básicamente porque en Sant Vicenç no ondea la bandera separatista. Alli está la bandera oficial de Cataluña. Oriol Junqueras en declaraciones a Onda Cero afirmó sin titubear –que ya es decir- que “la bandera de Cataluña no es la estelada que representa una opción que yo comparto pero es una opción ideológica”. Después de defender su posición y su respeto a los himnos, Junqueras añadió que “la bandera institucional es la bandera del país”. O sea que los demás alcaldes, se arriesguen mientras el “Capitan Araña” y su socio Artur Mas siguen a cubierto.

Porque  el alcalde de Calldetenas,  Marc Verdaguer, de CiU, ya ha recibido una sentencia en la que deberá pagar 1.500 euros de su bolsillo, "patrimonio personal" dice la providencia judicial dictada por la magistrada Virginia de Francisco, titular del número 10 de lo contencioso por negarse a retirar la estelada en el balcón del ayuntamiento. Esta sanción finalmente no la va a pagar el alcalde sino que va a ser costeado por los vecinos de la población mediante una cuestación popular se pretende recaudar los 1.500 junto con los 3.900 euros por los honorarios de la Abogada del Estado que ha llevado a cabo la acusación. Es de prever que así seguirá ocurriendo con los demás alcaldes, que ya están requeridos judicialmente por el tema de las banderas.

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