El saqueo de Andalucía 141 – La declaración de interventor

El que fuera interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez entre los años 2000 y 2010, ha prestado hoy martes declaración ante el magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, que instruye la causa contra cinco aforados nacionales de los nacionales de los ERE, que le ha tomado este martes declaración durante tres horas y media. Prácticamente ha confirmado lo denunciado anteriormente ante la juez Alaya. El día 30 declarará el ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, a petición del fiscal.

En primer lugar, en su declaración como imputado confirmó lo declarado ante la juez y ha mostrado el contenido de la carta remitida en noviembre de 2012 al presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, en la que señalaba que el ex presidente de la Junta, José Antonio Griñán, "cebó sin descanso la corrupta partida presupuestaria de los ERE".

En aquella carta, Manuel Gómez recordó que la Intervención "advirtió hasta 15 veces de las irregularidades que se estaban produciendo en la gestión de las subvenciones del programa 31.L", más conocido como 'fondo de reptiles', ha confirmado que la Intervención a través de estos informes alertó en distintas ocasiones de las irregularidades que se estaban cometiendo en torno a este sistema de ayudas sociolaborales en Andalucía pero que la Junta hizo "oídos sordos" de las advertencia mirando así "para otro lado" "y ninguno de los destinatarios de las auditorías hizo absolutamente nada durante casi diez años para corregirlas, cuando podían haber terminado con el nido de corrupción en 24 horas, si hubieran tenido voluntad de hacerlo".

La juez que investiga los ERE falsos entonces le dio la razón y y dio por sentado que Griñán conocía los informes en los que le advertían de irregularidades cuando era consejero de Hacienda. Además, el ex interventor añadió que "todas las irregularidades" de las que alertó la Intervención en relación al sistema por el que se concedían las ayudas sociolaborales "eran de notorio conocimiento" del Consejo de Gobierno andaluz y que "era impensable" que Griñán "no tuviera conocimiento" de las conclusiones plasmadas en los distintos informes de la Intervención General.

Gómez Martínez declaró que en abril de 2003, el Consejo de Gobierno andaluz acordó "que se analizaran los expedientes de las transferencias de financiación" y, en segundo lugar, reafirmó que Intervención alertó en 2005 de que "existía un desfase presupuestario de 93 millones" que "trastocaba al presupuesto general" de la Junta. Por ello, el gobierno andaluz debía conocer que aprobó el sistema de junio de 2001, en relación al sistema de transferencias de financiación, para pagar las ayudas sociolaborales. También dijo que durante el año 2012 se reunió con la ex consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, "para mostrarle su descontento y su protesta más enérgica a las imputaciones políticas que le estaba haciendo el Gobierno andaluz", pero Aguayo le dijo que el aludido sistema de transferencias de financiación era correcto.

Gómez dijo que no emitió el preceptivo informe de actuación, que hubiera paralizado el procedimiento utilizado por la Junta para las ayudas, porque "habría quedado en un cajón" igual que los anteriores una pregunta que no ha satisfecho al juez que al estar el interventor imputado podría reportarle perjuicios.

A su salida del Alto Tribunal, Gómez ha explicado que si fueran ciertas las acusaciones de Chaves y Griñán sobre la Intervención afectaría a "decenas de funcionarios" que trabajan en dicho departamento. "Las insinuaciones y acusaciones veladas que han hecho de negligencia de la Intervención de la Junta no me afectan solo a mí sino que afectarían, de ser ciertas, que no lo son, a decenas de funcionarios de la Intervención General que durante el perÍodo en el que se está investigando cumplieron siempre con sus obligaciones legales de control", subrayó Manuel Gómez.

El ex interventor explicó que ha pedido declarar porque "me he sentido injustamente acusado por la personas que han declarado con anterioridad y que tenían las máximas responsabilidades en la Junta en ese periodo", en referencia a los expresidentes de la Junta y los exconsejeros imputados por el juez Barreiro. Asimismo, que el sistema de gestión de las subvenciones de los ERE ha sido "un sistema en el que la Intervención General no tuvo nada que ver, no fue consultada, ni siquiera le fue comunicado cuando se puso en práctica, ni se la dotó de procedimientos adicionales de control".