El saqueo de Andalucía 129 – Boicot a Alaya y pedrea de fianzas

 La juez Mercedes Alaya que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares recibió este lunes la negativa a declarar de otros cinco ex dirigentes de la Junta de Andalucía. Imputados en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, comparecieron, pero se acogieron a su derecho constitucional a no declarar ante la magistrada: el exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía Martín Soler; los exviceconsejeros de Empleo Agustín Barberá y Justo Mañas; el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez, y el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero. Pero además de los ex altos cargos que no declararon, hay otros que ni siquiera ha comparecido. Se trata del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, quien no compareció por el fallecimiento de su madre durante el fin de semana, y la exdirectiva de Vitalia María Vaqué. 

Ni la Fiscalía Anticorrupción ni el resto de las acusaciones pidieron a la juez Alaya nuevas medidas cautelares contra los imputados como tampoco las solicitaron para Martín Soler el pasado día 17 de junio, cuando también se negó a declarar después de que la juez le imputara dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Pero ella no se ha arredrado y ha impuesto fianzas de responsabilidad civil por valor de 40.317.001,21 euros a 24 imputados en la causa entre exaltos cargos de la Junta y miembros del consejo rector de IDEA, siendo la más alta la fianza de 10,7 millones fijada para el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez y destacando también las fianzas civiles de 4.070.633 y 482.790 euros fijadas para el exconsejero de Innovación Martín Soler y el presidente de Unicaja, Braulio Medel, respectivamente.

En el auto, la juez da un día de plazo a los 24 imputados para que presten las respectivas fianzas impuestas, "en cualquiera de las formas admitidas por la Ley" y "con apercibimiento que, de no verificarlo, se procederá al embargo de sus bienes en cuantía suficiente a cubrir las mismas".

Alaya expone los motivos por los que fija cada una de las fianzas, y en el caso del exinterventor de la Junta, le acusa de no iniciar, "a sabiendas, el procedimiento reglado previsto en el art. 12.5 del Decreto 9/1999 de 19 de enero a través del Informe de Actuación que hubiese concluido necesariamente con la cuestión sometida a la consideración del Consejo de Gobierno, si antes no se manifestaba la conformidad y se cumplían las recomendaciones por la Consejería de Empleo y por la Consejería de Innovación".

"En cambio, intencionadamente emitiría el llamado 'informe adicional al de cumplimiento' para presuntamente no forzar a los responsables políticos --consejeros implicados y Consejo de Gobierno-- a tener que pronunciarse sobre el tema, con independencia del conocimiento que los mismos tuvieran", asevera la juez en el auto.

En un auto, la juez Mercedes Alaya impone también fianzas civiles de 3.466.666,67 euros al exinterventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez; de 2.805.647 euros al exdirector general de IDEA Miguel Ángel Serrano; de 2.553.600 euros al expresidente de El Monte José María Bueno Lidón; de 2.207.800 euros al exdirector general de Desarrollo Tecnológico e Incentivos Manuel López Casero, y de 1.995.000 euros al exviceconsejero de Economía y Hacienda José de Haro Bailón.

Así, y siguiendo un orden decreciente en cuanto a la cuantía de las fianzas impuestas, la magistrada fija una fianza de 1.835.400 euros para Juan Carlos Soriano, exviceconsejero de Relaciones Institucionales; de 1.607.970 euros para el exjefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río; de 1.598.384 euros al exviceconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa Gonzalo Suárez; de 1.532.338 euros al exdirector general del IFA Francisco Mencía; de 1.026.760 euros al exdirector de Industria Jesús Nieto, y de 970.001 euros al exdirector de IDEA Antonio Valverde.

A todos estos exaltos cargos le siguen el que fuera técnico de la Dirección General de Trabajo y director de Administración y Finanzas de IDEA Antonio Diz-Lois, que deberá hacer frente a una fianza civil de 593.356 euros; el exviceconsejero de Agricultura y Pesca Juan Paniagua, con una fianza civil de 535.990 euros; el exdirector general del IFA Antonio Lara, a quien la juez ha impuesto una fianza de 464.650 euros, y Ángel Garijo Galve, exsecretario general de Innovación, con una fianza civil de 452.200 euros.

Por último, la juez ha impuesto fianzas civiles de 339.150 euros a Isabel de Haro Aramberri, exsecretaria general de Desarrollo Industrial y Energético; de 279.300 euros a Francisco García, exsecretario general de Empleo; de 212.800 euros a Felipe Romera, presidente de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía, y a Pilar Rodríguez López, exsecretaria general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información; de 159.600 euros a José Domínguez Abascal, exsecretario general de Universidades, y de 152.950 euros al presidente de la Corporación Tecnológica de Andalucía, Joaquín Moya-Angeler.

El caso de Martín Soler

Respecto a Martín Soler, la juez argumenta que fue consejero de Innovación desde el 25 de abril de 2009 hasta el 23 de marzo de 2010, por lo que "abarca un periodo en el que la Consejería de Innovación quiere eliminar cualquier apariencia de colaboración con la Consejería de Empleo: desde mayo de 2008 ya no se firman convenios con la Consejería de Empleo, pero siguen existiendo las ayudas sociolaborales cuyos fondos son adelantados por IDEA y en el presupuesto de 2010 desaparece el crédito de las transferencias de financiación a IDEA".

"En realidad, en la descripción del programa 31L y en la memoria, nada parecía haber cambiado, pues la principal línea de trabajo seguía siendo la realización de transferencias a la agencia de Innovación en aplicación del concierto de ayudas a empresas en crisis en vigor desde 2001", añadiendo que, "de hecho, pese a ser créditos adecuados para la concesión de subvenciones, se trataron como si fueran de transferencias de financiación, continuando con la elusión de la fiscalización previa de cada subvención".

La juez también destaca "la expresa vulneración" por parte del exconsejero del contenido del artículo 38 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad, "que impone que los créditos y presupuestarios son limitativos y vinculantes", pues el imputado "autorizó el abono de una subvención de 450.000 euros a Abantia Ticsa concedida por la Consejería de Empleo mediante resolución de 15 de marzo de 2010 con los fondos de la Consejería de Innovación"

Para cuantificar la fianza civil a imponer, la juez le impone el cinco por ciento del importe de las ayudas concedidas durante el ejercicio de su cargo, que ascendieron a 61,2 millones de euros, y le suma el tercio legalmente exigido.

Los vocales del Consejo rector de IDEA

A continuación, la magistrada analiza el papel de los vocales del consejo rector de IDEA, entre ellos Braulio Medel y José María Bueno Lidón, y pone de manifiesto que en todos los casos procede imponerles fianza civil, "con independencia de que no haya habido solicitud expresa, en cuanto que subsisten los indicios para mantener intactas sus imputaciones, por un lado por la ausencia de control sobre los convenios de los que eran informados, y por otro por votar favorablemente al pago de subvenciones claramente ilegales".

En el caso de Medel, que fue viceconsejero de Economía y Hacienda y posteriormente presidente de Unicaja, la juez asevera que, "conociendo el convenio marco y conociendo indiciariamente la financiación de los convenios particulares de ayudas a través de transferencias de financiación de la Consejería de Empleo a IFA, no opuso reparo alguno a los convenios suscritos de los que se daba cuenta".

También destaca la fianza civil impuesta a Francisco del Río, que fue jefe del gabinete jurídico de la Junta entre 2001 y 2008 y a quien achaca haber asistido a 14 sesiones del consejo rector en las que se dio cuenta de la firma de 22 convenios entre el director general de Trabajo e IFA/IDEA, a los cuales, "en su labor de control como miembro del consejo, no opuso reparo alguno, como tampoco lo opondría a la firma del convenio marco de 17 de julio de 2001, del que podría inferirse su conocimiento previo, dado el cargo que ostentaba".

Consejería de Presidencia

"Al igual que el resto de los vocales, aunque si cabe con mayor profundidad, Francisco del Río sería conocedor del procedimiento específico creado para sortear el cumplimiento de la legalidad", y en esa actuación "abiertamente al margen del Derecho, participaría como uno de los máximos valedores de la legalidad en la Junta, participación que podría determinar que dicho procedimiento específico pudiera conocerse, al margen de la información que tuviera el Consejo de Gobierno, por la Consejería de Presidencia".

A la vista de la pasividad con que reaccionan las instancias competentes ante el boicot al que los imputados están sometiendo a Mercedes Alaya en el caso de los ERE fraudulentos, no sorprendería que los citados este martes también de nieguen a declarar. Nadie, ni la Abogacía del Estado, ni la Fiscalía, ni los órganos de gobierno del Poder Judicial han alzado la voz para que se respete la labor de la magistrada en la toma de declaración de los imputados, buena parte de ellos ex dirigentes de la Junta de Andalucía, en el caso de los ERE.