El saqueo de Andalucia 115 – Operación EDU. El fraude de la formación a desempleados
Las siete trampas
de los cursos para parados de la Junta destapadas por la 'Operación Edu'
El último informe de la UDEF sobre el fraude en la formación
de desempleados en la provincia de Málaga detalla una tras otra las
irregularidades descubiertas en la concesión de subvenciones por un total de
1,5 millones de euros a 17 empresas.
El último informe elaborado por la Unidad de
Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) dentro de la “Operación EDU” que
investiga el fraude en los cursos para parados de la Junta de Andalucía enumera
hasta siete ilícitos penales supuestamente cometidos por las 17 empresas
bajo sospecha. El documento policial detalla que estas trampas
abarcan desde la concesión hasta la liquidación de las subvenciones,
pasando por la obtención, gestión y supervisión del dinero público "por
parte de determinadas personas y empresas". Los agentes, que
recuerdan que en su informe sólo "se ha desgranado la resolución de la
Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de fecha 15
de diciembre de 2010", concluyen que el incumplimiento de la ley que rige
este tipo de adjudicaciones ha
sido "sistemático" y "en un porcentaje
elevado". Éstas son las irregularidades detectadas en los cursos que
costaron al erario más de 1,5 millones de euros.
Falsedad en la
documentación de las solicitudes:
La UDEF destaca que varias de las empresas investigadas
fueron creadas tan solo unos mesesantes de que se realizara la
adjudicación y, en algún caso, no se dieron de alta en la Seguridad Social
hasta pasados unos meses de la concesión de la ayuda. Fue supuestamente el caso
de Formación e Inserción Málaga SL, quien recibió algo más de 60.000 euros
para impartir un curso de "servicio de bar y cafetería" y que había
sido creada a finales de septiembre de 2010, justo un mes antes de presentar su
solicitud. Por tanto, la Policía concluye que "la solvencia y experiencia
en la formación [una de las condiciones para la concesión] difícilmente
puede ser acreditada si no se produce una alteración en los documentos o
declaraciones".
Una empresa fue
creada sólo un mes antes de la convocatoria para impartir un curso en el que se
exigía "solvencia y experiencia en la formación"
Además, los agentes han descubierto que incluso una de las
mercantiles investigadas figuraba como deudora de la Seguridad
Social cuando presentó la solicitud para acceder a la subvención. Se
refieren, en concreto, a Formación Hostelera del Sur SL. Ésta recibió
cerca de 80.000 euros para dar sendos cursos de "operaciones básicas de
cocina y restaurantes", pero ni siquiera presentó listado de los alumnos a
los que supuestamente los impartió. Además, en su solicitud esta
empresa alegó "experiencia" al haber realizado un curso
financiado por el SAE en 2006 cuando, sin embargo, no había sido
constituida hasta 2009, tres años después.
Simulaciones
contractuales:
Las empresas investigadas justificaron
presuntamente con facturas falsas gastos no realizados. Éstas incluían tanto
las nóminas de algunos docentes como la "contratación o
subcontratación de ciertos servicios" supuestamente necesarios para
dar los cursos. Así, "un altísimo porcentaje" de los
propietarios de las empresas se declararon a su vez monitores o tutores de los
mismos, cuando no lo eran "familiares directos o personas afines a los
mismos". Así, por ejemplo, el dueño de Carpintería Vázquez Claver, que
recibió 98.400 euros por impartir un curso de ebanistería, figuraba como
docente conuna retribución de 5.400 euros. Otro tutor era su hermana, quien
recibió más de 19.000 euros en concepto de nóminas. En muchos casos, la Policía
ha comprobado que los responsables de las clases "no tienen los requisitos
exigidos para poder ejercer tales funciones" o, incluso, ni siquiera la
ejercieron y se limitaron a cobrar por ello.
Los empresarios
subcontrataban servicios con otras sociedades de familiares a veces sin
disimilar que todas ellas tenían el mismo domicilio social
La UDEF también ha constatado que algunos propietarios simularon
contratos de alquiler de locales"para poder facturar dicho gasto dentro de
los subvencionados, en ocasiones incluso aumentado sobre valor para alcanzar
una mayor cuantía". Además, se dieron casos en los que las mercantiles que
debían impartir los cursos "contratan o subcontratan servicios de
selección de alumnos, dirección y coordinación del curso, incluso la actividad
formativa en su integridad" lo que, según destaca el informe, esun fraude
de ley ya que éstos se realizaban siempre "con empresas
vinculadas a los propios beneficiarios de la subvención". Es el caso del
curso de "servicios de bar y cafetería" impartido por la Asociación
Axarquía de Formación y Empleo, propiedad de un destacado militante socialista
de la provincia, Pablo Viedma. Éste, que presumía de su
supuesta estrecha relación con consejeros de la Junta, firmó un contrato
de 19.800 euros para "el desarrollo de la acción formativa" con
ADEFEM, una asociación empresarial que estaba representada por su propio hijo,
quien también figuraba como secretario de la adjudicataria. "Tampoco
ocultan siquiera que [ambas empresas] residen en el mismo domicilio
social", destaca el informe policial.
Falsedad en la
adjudicación de contratos:
Algunas de estas subcontrataciones ya supuestamente irregulares
suman otra supuesta ilegalidad. Así, pese a que muchas superaban los
12.000 euros, no se hicieron con la obligatoria concurrencia de al menos tres
presupuestos. En otras sí se hizo, pero "la empresa ganadora de la
adjudicación siempre está directa o indirectamente controlada por el propio
beneficiario de la resolución". Además --recalca el informe-- normalmente
las otras dos ofertas o presupuestos eran realizados por personas o
empresas del entorno o muy próximo al que se le ha concecido la subvención".
Es el caso de Formación e Inserción Málaga SL, que firmó un contrato de
"prestación de servicios de formación y docencia" con una empresa del
sobrino de la dueña después de que presentaran otros dos presupuestos su propio
socio y una empresa de éste.
Falsificación de
los partes de asistencia:
Las declaraciones de los alumnos han permitido a la UDEF
constatar que se falsearon supuestamente los partes diarios de asistencia
de los alumnos "consintiéndose incluso ausencias prolongadas no
justificadas o que personas que no terminaron el curso fuesen computadas a
efectos de justificación". En este sentido, los agentes destacan que el
perfil de los que recibían la formación eran "personas en desempleo,
en muchas ocasiones de larga duración" y que, por tanto, "el
compromiso de contratación les genera una expectativa de futuro que cubriría
necesidades básicas de su vida" lo que les convertía en fácil presa para
los responsables de los cursos y sus presiones. ¿Cómo? "En algunos casos
se les amenazaba con la presencia de un inspector de la Junta por lo que
debían asistir o permanecer en el curso [...] tratando así de evitar que los
alumnos abandonasen por las irregularidades o falta de profesionalidad de los
mismos". "Estas inspecciones nunca ocurrían", añade el documento
policial.
La Policía destaca
cómo algunos empresarios se aprovechan de la situación de desempleo de los
alumnos para convertirles en fácil presa de sus irregularidades
Otra forma de presión iba dirigida a que los alumnos
adquiriesen a los propios organizadores el material necesario para realizar el
curso, aunque eran las empresas quienes debían aportarlo con cargo a las
subvenciones. Fue el caso de la Academia Nena Sol SL, quien consiguió de
la Junta un subvención de 105.750 euros para impartir un curso de
"peluquero" de 1.175 horas lectivas a 15 alumnos. Muchos de los
asistentes coincidieron en asegurar a los agentes de la UDEF que se les
'invitaba' a comprar el material necesario para el mismo,
como "secador, plancha de pelo, maquinillas de corte y
peines" a la propia academia pese a que el mismodebía ser facilitado
gratuitamente. En otros casos, las prácticas no se realizaban o eran los
propios alumnos quienes se hacían cargo de ellas. E, incluso, algunos
desempleados fueron utilizados para "las tareas profesionales,
particulares o privadas de las empresas beneficiarias, enactividades ajenas al
propio curso desarrollado", como denunciaron varios alumnos del
Centro de Formación Profesional Feijó SL.
Suplantación de
personalidad:
Si bien en la mayoría de los casos son los propios
administradores de la empresa o los familiares de los mismos quienes dan las
clases "sin cumplir en muchos casos con los niveles o requisitos
exigidos", en algunos casos estas mercantiles llegaron a suplantar la
personalidad de algunos de los monitores "con el fin de inflar
ilícitamente el gasto justificado en docencia". Es el caso detectado
en el Centro de Formación Gasset SL, que recibió cerca de 80.000 euros para
impartir un curso de "administrativo comercial". El centro nunca
aportó una relación de alumnos y, además, puso como monitora a una única
mujer que, al ser interrogada por la Policía, aseguró que en las mismas
fechas de 2011 en las que supuestamente daba clases para esta empresa, ella
realmente estaba contratada por otra empresa. Incluso apuntó que la firma que
aparecía en un documento como suya estaba "manipulada".
La UDEF ha detectado
casos en los que las empresas suplantaron la personalidad de tutores de los
cursos "con el fin de inflar ilícitamente el gasto justificado en
docencia"
En otras ocasiones, en cursos donde deberían figurar varios
profesores, los impartía íntegramente uno solo que, además, "no posee
los conocimientos necesarios de todos los módulos a impartir". Incluso
hubo ocasiones en los que este único monitor "se encarga absolutamente de
todo, hasta de hacer la compra para el curso de cocina con un presupuesto
ridículo y tasado, para luego la empresa justificar gastos importantes de
material". La UDEF también destaca que figuraron "como monitores del
curso alumnos del mismo curso realizado meses antes. De este modo
justifican el gasto de docencia y a la vez tratan de dar respuesta al
compromiso de contratación".
Compromisos de
contratación incumplidos:
El informe de la UDEF destaca que "en casi la totalidad
de los expedientes se incumple sistemáticamenteel compromiso de
contratación exigido en estos cursos" por la ley. Para ello, continúa el
documento, "se cometen una serie de irregularidades" que van desde la
contratación por periodos inferiores a los 6 meses contemplados hasta presentar
contratos en sectores que no tienen nada que ver con la materia impartida en el
curso o simular otros en empresas vinculadas a los administradores.
Además, muchas de las ofertas laborales sólo se realizaban "cuando se
ejercía presión por parte de los alumnos". En otros casos el fraude fue
más allá y a los parados se les dió "de alta en contratos
simulados a cambio de pasar posteriormente a la percepción de alguna
prestación por desempleo".
A dos alumnas de
peluquería les ofrecieron un "contrato imposible" para que
renunciaran a un trabajo: ir todos los días desde Málaga a Huelva para
emplearse sólo dos horas
En este apartado del elenco de irregularidades, la
Policía incluye también el ofrecimiento por parte de los empresarios de lo que
los agentes de la UDEF califican de"contratos imposibles", en los que
se ofrecía a los alumnos una oferta a gran distancia de donde se había
realizado el curso para una o dos horas de trabajo, para así obligarles a
renunciar por escrito a los mismos. Es lo que denunciaron a los agentes algunos
parados que asistieron a los cursos de peluquería y estética que
impartió Master Ronda SC. A dos jóvenes las ofrecieron
desplazarse desde Málaga a Huelva a diario para trabajar sólo dos
horas. Otros empresarios hicieron supuestamente "mediante
engaño" firmar a los alumnos en blanco una renuncia a la oferta
laboral tras decirles que el compromiso de contratación era "un error
de la Junta de Andalucía". También se obligó a algunos desempleados que
conseguían un trabajo por su cuenta y fuera del curso a entregar una copia del
contrato para que la empresa lo utilizase para justificar la subvención.
Falsedad en las
obligaciones posteriores:
Por último, la UDEF destaca que la mayoría de las empresas
adjudicatarias no presentaron la documentación requerida "para la
liquidación y justificación de los cursos realizados". Además, cuando sí
se hizo, estos papeles se entregaban "después de varios requerimientos por
parte de la Junta y en el último día de la ampliación del plazo
concedido". La Policía también duda de la veracidad de parte de estos
documentos. Según el informe, es el caso del Grupo Alce Formación SL, cuyo
propietario entregó el día antes de la fecha límite impuesta por la
Administración varios contratos para justificar la subvenciones. Curiosamente,
todos estaban fechados el mismo día y, además, estaban firmados por otra
empresa vinculada al propietario del Grupo Alce. Los agentes destacan que otros
gastos como el alquiler del local y de equipos y los servicios de
docencia que esté incluyó como justificantes de los desembolsos del curso
también estaban ligados directamente a él. El informe recalca que de este modo
37.000 euros, más de un 30% de la subvención, "habría sido ingresada
de una o de otra forma en sus cuentas".
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