La tarta de la financiación autonómica

Toda vez que el PP ya tiene decidido no desmantelar la enorme estructura territorial de la administración autonómica, ahora toca elaborar con urgencia cual va a ser la parte el sistema que va poderse salvar en una época que ya nunca podrá volver a sus excesos anteriores habidos, con Zapatero a la cabeza.

En el Comité Ejecutivo del PP se ha discutido a cara de perro la cuestión del reparto de  la financiación autonómica que debe renovarse a menos de tres meses vista, ya que este vence a fines de 2013 y todos los presidentes de Comunidades están pidiendo se modifique el sistema vigente que entonces creó Zapatero atendiendo la presión de Cataluña. En este momento Cataluña es quien está más disconforme de algo que en aquel momento se aseguró que acabaría con los tropezones por la financiación con las demás regiones (lo dijo Artur Mas en aquel momento) Escuchándolo ahora parece que no  hubiera tenido nada que ver con el modelo actual, cuando fue el qui impuso este modelo a todos los demás.

En 2008 todos los barones y el propio Rajoy, firmó: "La solidaridad debe ser irrenunciable, cualquier modelo que se apruebe debe asegurar los recursos suficientes a las regiones para prestar los servicios transferidos con independencia de su capacidad fiscal". Pero ha entrado un elemento que de alguna manera distorsiona esta cuestión “las balanzas fiscales” un elemento falso que ha introducido en estos últimos tiempos por Artur Mas para chantajear al Estado.

Los barones estaban calentitos ante la propuesta de Alicia Sánchez Camacho de buscar una financiación adecuada a la singularidad catalana, algo que iría en contra de la igualdad de todos los españoles ante el fisco. Por lo visto Rajoy no tenía ninguna gana de tocar este tema, decía: "No hay que precipitar debates. No toca ni conviene hablar ahora de la reforma de la financiación", zanja en un argumentario interno remitido también a las estructuras regionales, pero no tendrá mas remedio que ponerse manos a la obra. Aunque primero el Gobierno y finalmente también Génova –así consta en la circular a sus cargos– hayan salvado a Alicia Sanchez Camacho hasta el punto de no ver "ningún elemento de discriminación positiva" en su propuesta de limitar la solidaridad, los barones siguen revolviéndose. Todos los presidentes autonómicos con cartera se han manifestado en contra.

Finamente, en el texto –que es remitido a altos cargos del partido, también a nivel regional, para que así lo transmitan con posterioridad a los medios de comunicación– la dirección intenta tranquilizar a las baronías: "Será un modelo consensuado, de forma mayoritaria, por todas las comunidades y por los grandes partidos políticos y se caracterizará por tratar de igual manera a todos los españoles con independencia de la comunidad de dónde residan. El modelo de financiación debe garantizar la misma financiación y la viabilidad de todos los servicios públicos en cualquier parte del territorio nacional". Esto es, mantener la solidaridad interterritorial, que habia puesto en cuarentena Camacho.

A falta de un verdadero cambio en las competencias y a falta del regreso de las competencias de educación o sanidad al Estado, deberían abonarse exclusivamente para el funcionamiento de aquellas competencias básicas y necesarias para la población, (sanidad, servicios sociales, educación, seguridad, etc.) y debería excluirse el pago desde el Estado de todos aquellos gastos identitarios, televisiones autonómicas, eventos fastuosos, embajadas,  consejos, y toda la baraúnda de fundaciones o empresas públicas que en el caso de creer que estos son gastos necesarios, deberían de financiarse mediante lo posibilidad del cobro de impuestos de manera directa por las CCAA que afectarían únicamente a los habitantes de aquellas regiones que desearan tales “servicios”.

Si no se aborda esta cuestión y no se hace una separación  por el tipo de gastos a financiar por parte del Estado,  asistiremos a un nuevo apaño con pocos años de caducidad.