El saqueo de Andalucia (6)

El saqueo de Andalucia (6)

En forma de goteo constante van apareciendo nuevas noticias sobre la corrupción institucional instalada en la Junta de Andalucia en distintos frentes.  En solo una semana han aparecido nuevas implicaciones sobre el manejo del dinero público por parte de los distintos actores de este saqueo.

Cursos de Formación

Las ayudas europeas al empleo y la formación siempre han estado estrechamente controladas por el PSOE, a través de la Junta. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha ordenado a la Guardia Civil que investigue un posible fraude masivo en la concesión de las ayudas de la Unión Europea (UE) al empleo en Andalucía, que han sido gestionadas por la Junta. Aunque aún se está en los preliminares de la investigación, se intuye que estamos ante un escándalo todavía más hiriente e importante que los de Mercasevilla y los ERE.

Hace meses se investigaron en Cádiz presuntas irregularidades cometidas por sindicatos al gestionar cursos de formación a trabajadores que estaban subvencionados por la UE. Esas pesquisas revelaron que en bastantes ocasiones las centrales sindicales cobraban pero no impartían los cursos comprometidos, aunque sí expedían los correspondientes diplomas a los interesados.

Diez miembros del Sindicato Independiente de Trabajadores fueron detenidos en una operación contra el fraude en Cádiz por emitir títulos de formación a cambio de dinero. Los certificados eran concedidos por la escuela de salud pública de Canarias. El juez envió a prisión al secretario general del SIT de Cádiz. Habría defraudado más de un millón de euros. Usaban la tapadera de un sindicato, aunque sus miembros, según la Guardia Civil, no realizaban actividad sindical alguna. Esta supuesta organización expedía certificados y diplomas sobre cursos de formación no realizados.

Previo pago de unos 80 euros como mínimo y una fotocopia de DNI se les daba a los solicitantes sus títulos unos documentos que eran autorizados por diversos organismos oficiales y otras empresas delegadas. Más tarde eran presentados por los alumnos, para concursos oposiciones o bolsas de contratación, que ahora quedaría en duda.

Y ahora, las empresas

En este contexto se detectaron indicios de que existía una segunda modalidad de fraude con las ayudas europeas en la que los beneficiados eran empresas de la provincia. Esas subvenciones eran gestionadas por la Junta de Andalucía dentro de sus programas de apoyo al empleo.

Cuando una empresa se ponía en contacto con el organismo correspondiente de la Junta para acogerse a los beneficios de la ayuda europea, contrataba a varias personas; a cambio, recibía la subvención que estaba estipulada.

Pero el empresario daba de alta a sus nuevos trabajadores en la Seguridad Social sólo el tiempo estrictamente necesario para cobrar la ayuda. En ese momento, despedía a los nuevos empleados y obtenía así un considerable beneficio. Pero la Junta de Andalucía no cruzaba sus datos con los de la Seguridad Social, de modo que no sabía —o no quería saber— si aquellos empleos que decía crear eran reales o virtuales, de apenas unos días.

Ante la certeza de que este tipo de subvenciones habían llegado no solo a Cádiz sino también al resto de provincias de la Comunidad, la Fiscalía del TSJA ordenó a los fiscales provinciales, cuenta ABC, que abrieran sendas investigaciones para determinar si en sus demarcaciones se habían producido sucesos similares y, por tanto, nos encontrábamos ante lo que podría ser una trama perfectamente organizada, según explicaron fuentes próximas al caso. Al frente del conjunto de la investigación se situó a los especialistas de la Guardia Civil.

De confirmarse, estaríamos ante un escándalo de enormes proporciones económicas, sociales y políticas. La investigación puede alcanzar a centenares de empresas y a miles de trabajadores, quienes por motivos aún no explicados, no denunciaron ni por sí ni a través de sus sindicatos, la situación.

En medio de este barullo corrupto, late la posibilidad de que haya cuajado una corte de intermediarios entre las empresas que se beneficiaban de las subvenciones y la Junta, que gestionaban los fondos de la Unión Europea, un modelo parecido al de los ERE. Según las investigaciones, al menos ha existido una actuación negligente por parte de la Junta de Andalucía. Las pesquisas en marcha no descartan actuaciones delictivas.

Paula Chaves

El rastro de dinero público que han dejado tras su paso por diversas empresas andaluzas los hijos del vicepresidente tercero del Gobierno, el socialista Manuel Chaves, en los tiempos en que presidía la Junta de Andalucía, no termina en el incentivo multimillonario a la empresa Matsa.

La pequeña de la familia, la abogada Paula Chaves, estuvo vinculada a la firma Abengoa, el grupo industrial sevillano de la familia Benjumea, cuyas filiales también recibieron multitud de adjudicaciones y subvenciones de la Administración autonómica con Paula ejerciendo de apoderada. Fue antes de que la joven se pusiera a gestionar directamente la ayuda a Matsa, en cuya aprobación participó su padre de forma activa, aun prohibiéndoselo la ley.

La hija de Chaves acumuló apoderamientos en cuatro sociedades anónimas dependientes de Abengoa: Telvent Tráfico y Transporte, Telvent Housing, Tráfico Ingeniería y la constructora Instalaciones Inabensa. Según la información recogida en el Registro Mercantil, en las tres primeras estuvo hasta junio de 2009, mientras que en Inabensa permaneció hasta julio de 2007. Hay que tener en cuenta que un apoderado puede dejar de serlo mucho antes de que se inscriba, del mismo modo que el poder puede ser otorgado antes de que figure en el Registro.

Muchasde las  gestiones que pudiera haber desarrollado a favor de Abengoa o sus filiales darían sus frutos meses o incluso años después de que ella abandonara la firma de los Benjumea.

Iván Chaves

Por otra parte, Iván Chaves, hijo del ex presidente de la Junta de Andalucía, en su labor de conseguidor y comisionista participó en una operación urbanística en una finca de Jaén consistente en la urbanización y construcción de un campo de golf, a través de dos contratos firmados en septiembre de 2006 y 2009. Este campo de golf tuvo el apoyo de la Junta al concederle en abril de 2010 la Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deportes el estatus de interés turístico.

La operación no se hizo directamente con Iván Chaves, sino que se pactó entre el empresario Andrés Rodríguez Tapia y Javier Olaegui de la Infiesta, socio este último del hijo de Chaves. (Ver documento en PDF) Iván y su socio tenían un acuerdo por el que se repartían al 50% las comisiones que conseguía cada uno, según la información recogida por J. Chicote y M. Miralles. Continúa la polémica en torno a las "misteriosas" relaciones laborales del hijo de Chaves, que tiene alarmado al PSOE. La última, la desvela El Mundo este sábado, que cuenta cómo se produjo la contratación por de Iván Chaves por parte de la multinacional Bogaris. El popio Rodrigo Charlo, presidente de la empresa, confirma que el expresidente de la Junta de Andalucía acudió a la fiesta de celebración del aniversario de Bogaris, donde se encargó de dar a conocer a su hijo. "Después del acto, donde se dijeron unas palabras, hubo unas copas y en esas copas está con su padre y me lo presentó, igual que presentó a quien estuviera por allí" declara Charlo a El Mundo.

Lo curioso es que, tras esa presentación, Iván Chaves fue contratado por esa empresa de promoción inmobiliaria, para buscar inversores. Por ese trabajo, la empresa del hijo del vicepresidente tercero facturó 24.300 euros en cuatro meses.

Además del más que posible "enchufe" de su hijo, se añade otra variable más a la ecuación: Bogaris promueve dos campos de golf en Cádiz, que fueron beneficiados, misteriosamente, por los cambios legislativos que llevó a cabo Manuel Chaves al frente de la Junta andaluza.

Estos proyectos de campos de golf de "interés turístico" de Bogaris están previstos para la provincia de Cádiz, en Jimena de la Frontera, y en Barbate. Rodrigo Charlo confiesa a El Mundo que desconoce si han contratado a Iván Chaves para ayudarle a promocionar esos campos de Golf: "Lo único que sé es que he visto esa factura y que sé perfectamente de qué es. Punto" trata de zanjar.

Pero no deja de llamar la atención que la política del Gobierno andaluz diera un giro de 180 grados respecto a los campos de golf, precisamente después de ese verano en que Iván Chaves y los socios de este comenzaron a negociar su primer contrato de representación con el empresario Andrés Rodríguez Tapia, impulsor del proyecto Paraíso Golf en Jaén.

De hecho, se observan ciertos movimientos extraños dentro de la propia Junta, en el que sus portavoces se contradijeron seguidamente: la consejera de Obras Públicas anunció que habían descartado aprobar el decreto de los campos de golf, y ese mismo día Gaspar Zarrías y Chaves la contradijeron asegurando que el decreto se aprobaría, dejándolo en manos del Consejo de Gobierno. Y existe otro dato curioso: hasta 2006, Manuel Chaves recomendaba a sus alcaldes socialistas andaluces leer los informes de Greenpeace contra los campos de golf.

Finalmente, el decreto se aprobó justo antes de las elecciones de 2008. En el mes de noviembre se rebajaron los requisitos a los promotores de campos de golf de "interés turístico", retocando exprofeso la Ley de Ordenación del Territorio a través de una enmienda en un decreto ley.

Decisiones que, tomadas por Manuel Chaves, beneficiaron de manera clara y directa a las expectativas de negocio de Iván Chaves en Jaén, y de Bogaris en Cádiz. Los sindicatos y ecologistas se quejaron de este cambio de tendencia respecto a los campos de golf, pero Chaves desoyó sus argumentos, que antaño tanto recomendaba atender.

Sigue creciendo día a día el escándalo socialista andaluz. En este caso, reforzado por los sindicatos. En el último episodio publicado por La Gaceta se modificaron expedientes laborales de trabajadores para obtener la renta máxima permitida en las prejubilaciones: la correduría Ingotor se embolsó seis millones en comisiones sin intemediar y transfirió más de 589.000 euros a los sindicatos una vez recibió las primas. Todo ese dinero procede de la Junta.

Riotinto

El ERE de Minas de Riotinto ha sido uno de los más polémicos, debido precisamente a la implicación de los sindicatos. Según La Gaceta, Ingotor transfirió 589.383,99 euro a CCOO y UGT entre 2003 y 2004 una vez recibió las mencionadas primas por la intermediación (presuntamente realizada por Vitalia). Ese importe es del 0,5 % del coste total del ERE de Minas de Riotinto, que ascendió a 90 millones de euros sacados del fondo de reptiles.

Las cantidades se distribuyeron en cuatro pagos que tuvieron como destino a ASP (Asesoramiento de Seguros), Atlantis Asesores e ITG. Las dos primeras son corredurías de seguros en las que los máximos accionistas son los sindicatos; la tercera un empresa que ofrece servicios administrados y detrás se esconde UGT de Cataluña.

Las irregularidades en este ERE no sólo hacen referencia a los expedientes, sino también al cobro de comisiones por correduría de seguros que no han colaborado en la elaboración de esos ERE, recuerda el diario.

ASP es la aseguradora de UGT, y recibió 394.047,56 euros. En 2006 vendió el 80 % de la misma a Atlantis, de la que a su vez adquirió el 5%. CCOO ya poseía el 5% de las acciones de Atlantis y la totalidad de su división Atlantis Asesores.

El consejero delegado de ASP es Fermín Bretón, antiguo consejero de Unial, la aseguradora de UGT liquidada en 1995. De la actual dirección destaca, según La Gaceta, su permanencia en el Consejo de Administración. Bretón ya estaba imputado en el caso PSV, en el que el fiscal consideró que él y los acusados se apropiaron de fondos destinados a la construcción de viviendas para financiar UGT. En total cuatro de los seis imputados en ese caso han pertenecido o pertenecen a la Junta de ASP a la que se transfirieron los fondos entre 2003 y 2004.

Mercasevilla

Ese modelo de concesión de ayudas, según desveló ante la Policía el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, se gestionaba mediante un «fondo de reptiles» para la concesión de las ayudas especiales a empresas en apuros. Empleo traspasaba fondos a un organismo dependiente de la propia Consejería, el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) —luego Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía—, para «evitar los controles y la fiscalización» propia de los actos administrativos, entre otros la no publicación de las concesiones a través del Boletín Oficial de la Junta. El informe policial, al que ha tenido acceso ABC, calcula que mediante este peculiar modelo de «ayuda extraordinaria a empresas en crisis» se habrían gestionado desde el año 2000 un total de 647 millones de euros.

La investigación policial pone de manifiesto que la concesión de estas ayudas se tramitaba a través de mediadores y empresas consultoras privadas que propiciaban acuerdos entre la empresas y el comité de empresas; y de estos con la administración para la aprobación de ERE. Posteriormente se ofrecía a la empresa que fuese la propia Junta la que contribuyera a la financiación de los gastos de las prejubilaciones mediante el pago de las primas de las pólizas de seguros de rentas que habían de suscribirse. De hecho, los investigadores constatan que no figura ni una sola solicitud de ayuda por parte de las empresas beneficiarias, pues lo habitual era la firma de un protocolo entre la Dirección General de Trabajo y la empresa, o simplemente la aparición de un documento de la Dirección General asumiendo el compromiso de pago de las primas de los seguros. Esas primas eran contratadas a aseguradoras a través de los propios intermediarios.

El modelo ha regido la gestión de expedientes de regulación de empleo en la Junta durante una década a pesar de que era preceptivo el consentimiento del consejero de Empleo para ayudas inferiores a los tres millones de euros o del Consejo de Gobierno cuando el importe superaba esa cifra. En la tramitación del ERE es cuando se introducen personas ajenas a la empresa, presuntamente sin su conocimiento, y parecen como trabajadores de derecho al cobro de las rentas, dinero que se abonaba en cuentas y que los intermediarios sacaban mediante tarjetas de crédito.

El informe policial asegura que los intermediarios «debieron contar con la anuencia de algún cargo de la Junta de Andalucía que permitiera la inclusión de personas en unos eres de empresa para la que nunca trabajaron».

Antonio Rodrigo Torrijos, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y candidato de Izquierda Unida a la Alcaldía de la ciudad, ha sido imputado por la adjudicación irregular de terrenos de Mercasevilla a Sanma, un escándalo desvelado por ABC.

En un auto notificado ayer, la juez Mercedes Alaya, que también instruye el caso de los ERE irregulares, explica que de las diligencias practicadas «se deduce la responsabilidad y activa participación de Antonio Rodrigo Torrijos, vicepresidente y miembro de la Comisión Ejecutiva de Mercasevilla, en los asuntos de la referida unidad alimentaria e indiciariamente y de modo especial en el proceso de adjudicación de la totalidad de los terrenos de la misma a Sanma». Por ello la juez, advierte que, procede informar a Torrijos de sus derechos como imputado para que pueda ejercitar su defensa. Y le advierte de que debe personarse en las actuaciones y designar abogado y procurador «dada su condición de imputado».

La adjudicación de terrenos a Sanma, segunda trama de la investigación que la juez deslindó de la inicial sobre comisiones pedidas por Mercasevilla, se realizó a esta empresa pese a que había una oferta más ventajosa de Noga. El procedimiento estuvo plagado de irregularidades, entre ellas que se premió al alza al que pagó menos frente a otras como Noga que ofrecieron más. Torrijos fue supuestamente el impulsor de la fórmula de concurso público frente a la de subasta, modalidad que permitió otorgar a Sando la concesión.

La juez ha pedido más papeles a la Gerencia de Urbanismo que no ha facilitado aún. El escrito de Alaya asegura que «reclama nuevamente» a la Gerencia copia íntegra y compulsada de los expedientes relativos a la urbanización de la parcela UA-AE-4 de Mercasevilla y sobre la concesión de licencia de primera ocupación a favor de Sanma de las edificaciones de dichos terrenos, que deberán contar con todos los informes emitidos.